Desde septiembre de 2017 han sido acribillados a balazos al menos 12 aspirantes a alcaldes en la región mexicana de Guerrero, según calcula la prensa local. Al acercarse elecciones municipales el 1 de julio, muchos temen que más y más candidatos sean asesinados, sobre todo por bandas ligadas al narcotráfico.
Por eso el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, se subió a un helicóptero con destino a la sierra y convenció a los jefes del narco local para que acepten una tregua.
Esta diócesis tiene unos 900.000 habitantes, organizados en unas 70 parroquias.
Hace años que el obispo y otras personas "realistas" asumen que en la región no gobiernan las autoridades, sino los mafiosos, y que las decisiones "se toman desde la montaña".
En esta zona rural y pobre del sur de México el gran negocio es el cultivo de amapola, es decir, la droga.
La violencia ha tocado directamente a la campaña y ha afectado a todos los partidos, aunque se ha ensañado especialmente con el eslabón más débil: los cargos locales.
“Va un promedio de un asesinato de un candidato cada cuatro o cinco días, es un margen de violencia absolutamente inaceptable en un proceso electoral”, denunciaba el secretario general de la Organizaciónde Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en una entrevista el pasado 16 de marzo en Madrid.
En este contexto y con las tasas más elevadas de homicidios de todo el país, el obispo Rangel se propuso subir a la sierra. El motivo inicial era otro: agradecer al jefe de la droga local —no quiso dar detalles sobre el grupo delictivo— que hubiera restablecido el suministro de agua y energía en el pequeño municipio de Pueblo Viejo.
Pero aprovechando aquella reunión, quiso poner sobre la mesa una tregua con los políticos locales: “Quise hablar con ellos para que no hubiera más asesinatos a candidatos y me prometieron que iban a evitar eso, que iban a dejar una elección libre para que lo que prevalezca sea la elección del pueblo”, comentó a la prensa el obispo unos días después de aquella charla.
A cambio de frenar la sangría de aspirantes, el narco le pidió al obispo algunas condiciones sospechosamente razonables:
“Que ellos no utilizaran el dinero para comprar votos y que una vez que pasen las elecciones, los ganadores cumplan con sus compromisos”, explicaba Rangel a los medios de comunicación. “Lo que ellos piden es que haya un voto libre, razonado y secreto. Nada más”, añadió el sacerdote.
La relación de la diócesis de Chilpancingo con el narco ha provocado no pocas tensiones con las altas esferas de la Iglesia Católica mexicana e incluso con el Gobierno federal. La decisión del obispo Rangel de dialogar con los criminales en febrero después de que asesinaran a balazos a dos sacerdotes de su zona, irritó a sus jefes, que le presionaron para que se mantuviera al margen.
Este sacerdote no sólo no obedeció sino que convirtió sus misas en mitines políticos, de donde el obispo salía coreado por los fieles que habían acudido al templo. “Me dijeron de parte del Gobierno que no hiciera más declaraciones. A ver quién aguanta más, ellos o yo”, llegó a declarar en una ceremonia en la Basílica de Guadalupe a principios de febrero ante miles de asistentes.