El Gobierno de Bachelet sigue implantando su ingeniería social en Chile. Ultimando una ley del aborto que ha provocado un gran rechazo popular también está imponiendo la ideología de género a los chilenos.
La última gran polémica se ha producido con la decisión de las autoridades educativas chilena, que ha enviado una circular a todos los colegios del país que tiene como objetivo implantar una serie de medidas para garantizar los derechos de “niñas, niños y estudiantes trans”.
De este modo, el escrito insta a los directores a que el estudiante trans sea llamado con el nombre que desee y que así quede acreditado en toda la documentación legal del centro escolar. Además, se defiende el supuesto “derecho a utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que considere adecuado a su identidad de género”.
Además, los centros deberán facilitar los llamados “baños inclusivos”, los conocidos como baños trans, “de acuerdo al proceso que estén viviendo”.
La circular recuerda que el cumplimiento de su contenido es de carácter obligatorio, de modo que los centros deben tomar “las medidas administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos”.
Además, insiste en que “la vulneración de uno o varios” de estos puntos “constituye una infracción de suma gravedad”.
La reacción de la Iglesia Católica chilena no se ha hecho esperar y tras la reunión de la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, aseguró que esta circular “impone por la vía administrativa a todos los colegios de Chile una serie de prácticas que ni siquiera están aprobadas por la ley y están en discusión en el Parlamento”.
“Eso sale fuera de toda lógica en un proceso que tiene que ser deliberativo y democrático no puede imponerse por la vía de una autoridad administrativa”, indicó el prelado.