Los obispos venezolanos en una declaración emitida este martes al concluir su reunión anual en Caracas, denunciaron un aumento amenazador del poder militar del gobierno de Nicolás Maduro, y atribuyeron la delicada situación del país a la “implantación de un proyecto político totalitario, empobrecedor, rentista y centralizador que el gobierno se empeña en mantener”.

A continuación el texto completo del comunicado.


Los Arzobispos y Obispos de Venezuela, reunidos en la 106ª Asamblea Ordinaria, queremos compartir con el pueblo venezolano las angustias que sufrimos y comunicarle la esperanza de que reconciliados y en diálogo encontraremos soluciones eficaces a la presente crisis.

Los venezolanos estamos atravesando por un momento crucial en los campos moral, económico, político y social. Ha disminuido drásticamente la calidad de vida. La escasez y carestía de alimentos, medicinas e insumos hospitalarios nos están llevando al borde de una crisis de seguridad alimentaria y sanitaria, con consecuencias sociales impredecibles. En la vida pública, crecen la inseguridad, la impunidad y la represión militar.

El discurso belicista y agresivo de la dirigencia oficial hace cada día más difícil la vida. La prédica constante de odio, la criminalización y castigo a toda disidencia afectan a la familia y a las relaciones sociales. Frente a esta situación, el acrecentamiento del poder militar es una amenaza a la tranquilidad y a la paz.

El auge de la delincuencia y de la impunidad entorpecen el ordinario quehacer de la gente y provocan, en ciudades o poblaciones grandes o pequeñas, verdaderos toques de queda. Hace pocos días, en Mérida, fueron agredidos transeúntes, entre ellos un grupo de seminaristas menores de edad. Fueron golpeados y desnudados, violando sus derechos a la dignidad y al respeto, sin que ninguna autoridad pública interviniera para protegerlos. Los recientes desórdenes en Cumaná y Tucupita, así como los intentos de saqueos y cierres de vías por protestas populares, en diferentes regiones del país, constituyen una expresión del creciente malestar social.

El Estado de Derecho consagrado en el numeral dos de la Constitución Nacional, se ha debilitado. Vivimos prácticamente al arbitrio de las autoridades y de los funcionarios públicos, quienes tienden a convertirse en los censores de la vida, del pensamiento y de la actuación de los ciudadanos. Tales actitudes y procedimientos son inaceptables. La identidad cultural del venezolano se reduce y hasta se pierde cuando se valora únicamente si está vinculada al proyecto político imperante.

La democracia en Venezuela está resquebrajada, y el Gobierno y los otros poderes, que tienen la responsabilidad de oír y concertar con todos los sectores, no están haciendo lo suficiente para reconstruirla. El diálogo sincero y constructivo, el ejercicio de la política en su concepción más noble, como búsqueda del bien común, por más difíciles que parezcan, han de seguir siendo los caminos que debemos transitar. No se puede dialogar si no se reconoce en primer lugar la existencia y la igualdad del otro. Ignorarlo o descalificarlo como interlocutor, cierra toda posibilidad de superar el conflicto.

La crisis moral es mayor que la crisis económica y política, porque afecta a toda la población en sus normas de comportamiento. La verdad cede su puesto a la mentira, la transparencia a la corrupción, el diálogo a la intolerancia y la convivencia a la anarquía. La corrupción se ha incrementado en los organismos del Estado y la descomposición moral ha invadido a muchas personas integrantes de instituciones privadas y públicas, civiles y militares, así como a amplios componentes de la sociedad. Un exponente de esta degradación moral es la reventa especulativa de productos, llamada popularmente “bachaqueo”.

Desconocer la autoridad legítima de la Asamblea Nacional, deslegitima a quienes así actúan, porque contradice la voluntad soberana expresada en el voto popular. La división, autonomía y colaboración entre los Poderes es un principio democrático irrenunciable.

Es tal la indefensión de los ciudadanos ante la delincuencia que se están multiplicando los casos de pobladas enardecidas que toman la justicia por sus propias manos y proceden a inmorales y deplorables ejecuciones colectivas (“linchamientos”). La violencia, en ninguna de sus formas, es solución a los problemas. Como nos dijo San Juan Pablo II: “La justicia social no puede ser conseguida por violencia. La violencia mata lo que intenta crear”.

La raíz de los problemas está en la implantación de un proyecto político totalitario, empobrecedor, rentista y centralizador que el Gobierno se empeña en mantener.


El Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de cuidar el proceso del referéndum revocatorio para que se realice este año. Es un camino democrático, un derecho político contemplado en la Constitución. Impedirlo o retrasarlo con múltiples trabas es una medida absurda, pues pone en peligro la estabilidad política y social del país, con fatales consecuencias para personas, instituciones y bienes.

Es de urgente prioridad que el Ejecutivo permita la entrada de medicamentos al país, dada su gran escasez. Para su recepción y distribución, la Iglesia ofrece los servicios e infraestructura de Cáritas, y de otras instancias eclesiales abiertas a la cooperación de otras confesiones religiosas e instituciones privadas. Este servicio no es la solución definitiva, pero sí es una ayuda significativa. La caridad nos impulsa a comportarnos como samaritanos compasivos, dispuestos a curar a los heridos del camino (Cf. Lc. 10, 25-37).

Es una necesidad que se abra de manera permanente la frontera colombo-venezolana. El haber permitido su apertura el pasado domingo 10 de Julio hizo posible que numerosos hermanos pudieran proveerse de alimentos, medicinas y otros insumos. El paso de miles de ciudadanos al vecino país es prueba evidente de la crisis.

Aumenta el número de ciudadanos venezolanos recluidos en las cárceles y en distintos lugares de jurisdicción policial, injustamente privados de libertad, muchos de ellos por razones políticas. La gran mayoría se encuentra en condiciones inhumanas y carece del debido proceso. Estas personas, siendo inocentes, deben salir en libertad plena o al menos, deben ser juzgadas en libertad, tal como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal.


Las angustias y esperanzas del pueblo venezolano son compartidas en estos momentos por numerosas instancias nacionales e internacionales. El gobierno no debe declararlas ajenas a nuestros derechos ni culpar a quienes acuden a ellas legítimamente, denunciando injerencias y aduciendo soberanía e independencia, ya que vivimos en un mundo interconectado y globalizado. Ni los derechos humanos, ni la justicia tienen fronteras. No nos dejemos robar la esperanza que hace posible, con la ayuda de Dios, lo que parece imposible (Cf. Lc. 1, 37).

) En el nombre de Jesús que nos manda “amarnos unos a otros” (Jn. 13, 34), hacemos un llamado a las autoridades para que frenen el deterioro de la vida de los venezolanos, cualquiera sea su preferencia política, y para que se detenga la actual espiral de violencia, odio y muerte. Movidos exclusivamente por el bien y la paz de todos los venezolanos, reiteramos el ofrecimiento de nuestros buenos oficios para facilitar el encuentro entre los contrarios y el entendimiento en la búsqueda de soluciones efectivas.

En la fe tenemos la firme convicción de que Jesucristo, el Señor de la historia, nos acompaña. Como hijos de un mismo Padre y hermanos los unos de los otros, nos comprometemos en la construcción de la unión y de la paz. Invitamos con alegría a todos los creyentes y a las mujeres y hombres de buena voluntad, acomo una ocasión especial de pedir por la paz y la reconciliación entre los venezolanos. Invitamos a recitar la Oración por Venezuela, y a los párrocos a leer ésta exhortación en la misa dominical. Rogamos a Dios Padre derrame de manera más abundante en este año jubilar su misericordia y su consuelo sobre nuestro pueblo. Colocamos en las manos maternales de Nuestra Señora de Coromoto estas propuestas que expresan el sentir y el anhelo de la inmensa mayoría de los venezolanos,

Con nuestra bendición,
los arzobispos y obispos de Venezuela
Caracas, 12 de julio de 2016