"En Nicaragua, la criminalización de la protesta popular se ha convertido en la mayor amenaza para la paz y la libertad", se lee en el mensaje de la Comisión de Paz y Justicia de la Arquidiócesis de Managua, que reúne la voz del arzobispo, el cardenal Leopoldo José Brenes y miembros de la Conferencia Episcopal.
El mensaje de denuncia, enviado a la agencia misionera Fides, explica que "criminalización de la protesta" significa la intención y la práctica de descalificar a cada persona que intenta expresar sus pensamientos de manera civil y pacífica, incluso iniciando acciones legales contra los ciudadanos. "Las acciones de abuso por parte de la institución son una estrategia compleja al servicio del poder a cualquier costo", se lee en el mensaje.
"El asedio - lee el texto publicado ayer, 27 de septiembre - no es solo contra ciudadanos individuales, sino también contra los medios de comunicación y contra los templos católicos donde se reúnen los fieles para los ritos religiosos. Denunciamos esto con el espíritu de velar por sobre la libertad cívica y religiosa del pueblo de Dios ".
"Ante la situación de persecución, esta Comisión llama a la conversión del corazón como un camino hacia la verdadera paz. La reconciliación y la convivencia social son posibles, pero solo si abrimos las puertas al diálogo con todos los sectores de la sociedad, como escribieron los obispos previamente ".
Mientras tanto, la realidad nicaragüense está experimentando momentos de tensión incluso en los medios de comunicación. De hecho, la portada del 27 de septiembre de "El Nuevo Diario" causó conmoción en Nicaragua. Después de casi 40 años de publicación, el periódico anunció su cierre inmediato. El cierre tiene lugar "debido a circunstancias económicas, técnicas y logísticas desfavorables", explica el editorial.
En los últimos 14 meses, el periódico ha sufrido un embargo aduanero impuesto por el gobierno como represalia política debido a la amplia cobertura dada a la crisis sociopolítica en el país y al espacio dado a las voces de protesta. Sin tinta ni papel para la impresión, el periódico tuvo que reducir su circulación y suprimir las ediciones de fin de semana, hasta que el grupo editorial ND-Media tiró la toalla, señalando la "asfixia del periodismo y la falta de libertad de prensa en el país ".
El Nuevo Diario y también diario Metro se han visto acosados con mil presiones e impedimentos del régimen de Daniel Ortega hasta verse obligados a cerrar