El obispo Pablo Cáceres, de la Diócesis de Concepción, en Paraguay, afirmó que el último enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y supuestos miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) fue una "ejecución" de campesinos que "nada tienen que ver con el grupo armado", algo que la Fiscalía negó.

El pasado 6 de septiembre el Gobierno informó de que la noche anterior un supuesto colaborador del EPP murió durante un enfrentamiento con efectivos militares, en el que resultaron heridos graves otros dos supuestos miembros del grupo armado, uno de los cuales falleció más tarde en el hospital.

El hecho tuvo lugar en un área boscosa cerca de Kurusú de Hierro, en el departamento de Concepción, cuando efectivos de la Fuerza de Tarea de Conjunta (FTC), compuesta por militares y policías, atacaron una vivienda en el momento en que los tres supuestos colaboradores del EPP se reunían con 8 presuntos guerrilleros, según las autoridades.

Sin embargo, el obispo Cáceres y la familia de los supuestos guerrilleros, todos de apellido Ovelar, niegan su vinculación con el EPP.

"Estuve en la casa de la familia Ovelar, donde ejecutaron a dos personas. No se puede barnizar ni defender lo que hicieron los militares. Fue una ejecución abierta, algo que ni se puede explicar. Hubo 200 disparos", dijo el viernes el religioso a la radio Cardinal.

El fiscal Federico Delfino, que asegura que acudió al lugar de la operación 30 minutos después de los disparos acompañado del comandante de las FTC, Ramón Benítez, y el titular de la Secretaría Antidrogas (Senad), Luis Rojas, negó hoy esa acusación y dijo que tenían la intención de interceptar a "apoyos logísticos del EPP".

Delfino declaró que "tenían muchos indicios de que las personas involucradas formaban parte del apoyo logístico del EPP y que esa noche iban a entregar mercaderías", aunque reconoció que hasta ese momento "no figuraban en la lista de buscados".

El teniente coronel Víctor Urdapilleta, portavoz de la Fuerza de Tarea Conjunta, informó a Efe el día siguiente del suceso que todos ellos formaban parte del aparato logístico del EPP y que en ese momento celebraban una reunión con los guerrilleros para entregarles un fusil Mauser que fue incautado posteriormente, junto a 80 cartuchos y un uniforme de camuflaje.

Según Urdapilleta, esas tres personas guardarían parentesco entre ellas y también con Noel Ovelar, en la actualidad juzgado por el secuestro del ganadero Fidel Zavala.

"En base a la información de inteligencia recibida se montó un operativo y la Fuerza de Tarea Conjunta procedió a la captura de los criminales pero fueron repelidos con disparos. En ese tiroteo se produjo un muerto y dos heridos, y el resto huyó", añadió el militar.

Sin embargo, el obispo de Concepción manifestó que "fue un montaje y mal hecho, con crueldad".

"Conozco a esa familia. Solo por tener el apellido Ovelar fueron vilmente ejecutados. Una vergüenza el actuar de las que alguna vez fueron gloriosas Fuerzas Armadas", espetó Cáceres.

"No es cierta la versión que apunta a que los campesinos respondieron con fuego. Ellos no tenían siquiera cuchillitos para defenderse", insistió.

Cáceres contradijo al fiscal Delfino y aseguró que luego del suceso, ningún agente fiscal se acercó al lugar del hecho, tampoco un médico forense y denunció que los militares llevaron a los heridos en la camioneta de las Fuerzas Armadas.

"El EPP es nefasto, pero no se puede acusar a cualquiera que es del EPP. Hay tarados que dicen que defiendo al EPP, pero la violencia es detestable. No se puede combatir al terrorismo con más terrorismo. La población tiene miedo al EPP, pero tiene más miedo de las FTC", destacó Cáceres.

"Mi esposo le pidió a su hermano que le acompañe a buscar unas vacas de la chacra y una señora que estaba en mi casa también quiso ir con ellos. No tenían armas y ahí le dispararon los militares", dijo Karina Miranda, esposa de Marcos Ovelar, al día siguiente del suceso.

El EPP es una pequeña organización guerrillera que se oculta en zonas boscosas del norte de Paraguay, según el Gobierno del presidente Horacio Cartes, que nada más asumir el poder hace un año impulsó unas enmiendas a la Ley de Defensa Nacional para ampliar la presencia militar en la zona de conflicto.