El mundo al revés. Bajo el paraguas de la no discriminación, Costa Rica podría criminalizar a quienes defienden el matrimonio entre hombre y mujer. Es lo que cabe interpretar del proyecto de ley 19.062 llamado “Ley para combatir la discriminación, la incitación al odio y la apología del odio y la discriminación” impulsada por el Frente Amplio, actualmente en discusión en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
El nuevo ‘pomposo’ texto endurece las penas por discriminación y las amplía a razones de identidad sexual. Es decir, que poner en cuestión el matrimonio entre personas del mismo sexo podría merecer sanción penal. El tipo está penado con cárcel de 1 a 3 años, pago de multa, boqueo de webs, trabajos comunitarios, retractación pública y programas de reeducación y sensibilización. ¡Mucho!
De aprobarse esta ley convertiría a Costa Rica en un territorio sin libertad de expresión ni libertad religiosa.
La Iglesia costarricense ya ha mostrado su preocupación. El proyecto de ley no sólo sanciona los actos personales sino también los comunitarios, los realizados por organizaciones o instituciones. No tienen nombre y apellidos, pero no hace falta. El proyecto de ley va directamente contra la Iglesia.
Si se promulgara la ley, ¿la Iglesia no podría predicar su magisterio sobre el matrimonio?, ¿estaría sometida a contingencia penal?, ¿a eso le llaman ampliación de derechos?
Así se expresaba Mons. Oscar Fernández Guillén, obispos de Puntarenas y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica:
“En ningún apartado de dicho proyecto se ha explicitado que esta ley, eventualmente, no inhibirá la libertad de las confesiones religiosas respecto de su concepción acerca del matrimonio y de la familia (…) Una ley contra la discriminación no puede ser discriminatoria con ellas, al impedirles presentar públicamente sus convicciones y prohibir que sus instituciones sociales, medios de comunicación e instancias educacionales trabajen libremente conforme a sus principios. Lo contrario sería un atentado contra la libertad religiosa y los principios democráticos”.
Varios grupos de ciudadanos han iniciado una campaña para frenar este proyecto de ley que sería letal para la libertad de expresión, el matrimonio, la familia, la libertad religiosa y los mismos valores democráticos.
Si quiere, puede escribir a los diputados de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica pinchando AQUÍ