Hasta 172 líderes sociales y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en Colombia en este pasado 2018, cifra que asciende a 431 en los últimos tres años, y que ha aumentado de manera considerable tras el acuerdo de paz con las FARC.
El arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, ha denunciado estas horribles cifras y ha asegurado que “el Estado colombiano no tiene una presencia institucional clara y acompaña a la población. Esa costa pacífica es muy larga, habitada en gran parte por afrodescendientes e indígenas, pero hasta ahora ha sido una zona olvidada, presa de nuevos colonos, de quienes buscan recursos y nuevas minas”.
La lucha entre viejos y nuevos grupos armados
De este modo, el arzobispo explica, tal y como recoge Vatican News, que "el narcotráfico es el resultado de una economía sin vías legales de salida, el cultivo de coca y otras sustancias sigue siendo el único recurso para los campesinos más pobres, el plan de erradicación voluntaria y el manual, apoyado por el gobierno anterior, ha fracasado, incluso bajo la presión de Estados Unidos y con poco entusiasmo político, aquí en Colombia”.
Por ello, agrega que este territorio "es presa de viejas y nuevas bandas que luchan por la dominación, la gente siente la necesidad de protección. No se puede ir a ninguna parte si el Estado no incluye e involucra seriamente a la población, con la ayuda de la comunidad internacional".
Una situación política difícil
Monseñor Monsalve afirma que "la aplicación del acuerdo con las FARC está en peligro, la situación política es difícil. Esperemos que se resuelva la situación en Venezuela, que tiene un gran impacto en el debate político en Colombia. En este contexto, el diálogo con ELN corre el riesgo de ser eclipsado- Esperamos que el Presidente lo deje claro y que volvamos a la mesa de negociaciones”.
Por otro lado, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, entrevistado por un medio de comunicación local, afirmó que persisten factores estructurales que llevan a los homicidios, amenazas, hostigamientos, estigmatización y censura. La falta de presencia integral del Estado en todas las regiones, la falta de acceso a servicios básicos como salud y educación, sumado a la pobreza y a la alta tasa de desempleo, aumentan el riesgo para los y las defensoras. El vacío de poder dejado durante la desmovilización de las FARC y la llegada de nuevos grupos armados ilegales y delictivos ha dado lugar al aumento de la violencia”.