Tras dos semanas de retención en la casa episcopal, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, el 19 de agosto fue detenido de madrugada y conducido a Managua, a 130 kilómetros de distancia de su diócesis.

Secuestro, no detención

"En este momento monseñor Rolando Álvarez se encuentra en condición de secuestro en casa de sus familiares", explica su abogado, Yader Morazán, en una entrevista publicada por Zenit. La propia policía reconoció haberlo sustraído a su juez natural para trasladarlo a la capital nicaragüense, "donde tienen toda la infraestructura y logística para hacer de los perseguidos políticos lo que ellos deseen".

En una entrevista de Jorge Enrique Mújica para profundizar en la situación legal del prelado, Morazán recuerda que la legislación del país" no le da facultades a la policía para imponer medidas cautelares" y es precisa la orden de un juez antes de que hayan pasado 48 horas desde la detención. Lo mismo vale para el arresto domiciliario que debe dictarse "dentro de un proceso, delante de un juez, y en presencia del acusado, sin afectar a terceros (ya que se priva a otros familiares en la misma morada de comunicarse con el exterior)".

A monseñor Álvarez no se le han aplicado pues las totalitarias medidas decretadas por Daniel Ortega que le facilitan mantener arrestados a los opositores durante 90 días sin formalizar cargos en su contra. Según su abogado, desde que el régimen perdió el control de las calles tras las protestas de abril de 2018, las autoridades "no se preocupan ni por dar apariencia de legalidad a sus actuaciones, pese a tener el control absoluto de todo el aparato estatal".

Según explica, el arresto domiciliario en Nicaragua "solo te priva de la libertad ambulatoria, mas no te priva de otros recursos, como poder utilizar aparatos de comunicación, televisión, internet, etc., y esto lo han extendido a otros miembros de la familia y personal de servicio de la casa, ajenos a la persecución de los clérigos".

Por qué la Iglesia

Esta inquina contra la Iglesia católica, que ha ido in crescendo en los últimos meses, se debe, dice Morazán, que ya están cerrados "todos los espacios de expresión de libertad y fiscalización social, manifestación, movilización, reunión, etc., que van desde el cierre de más de 1500 organizaciones no gubernamentales, canales y radios, incluyendo 11 radioemisoras y 4 canales católicas", por lo que "la Iglesia es el único espacio de expresión que ha quedado" y se trata de ir a por él.

Así, por ejemplo, el párroco Oscar Dávila fue detenido por personas no identificadas. Los sacerdotes Ramiro Tijerino,  Óscar Escoto, Sadiel Eugarrios y José Luis Díaz, el diácono Raúl Herrera y varios seminaristas estuvieron 18 días cautivos hasta llevarlos encapuchados ante un juez "para la realización de una audiencia clandestina y sin un abogado de la confianza de los procesados". Y ahora el obispo de Matagalpa se encuentra detenido sin haberse iniciado ningún proceso legal, en un "limbo jurídico que se constituye en delito de secuestro".

Morazán recuerda todo esto para manifestar que los responsables pueden un día que tener que responder ante la ley por estos delitos, además de que, si lo que buscan es su deportación o traslado forzoso, sería "un crimen de Lesa Humanidad" perseguido por el derecho internacional.

Por último, el abogado resume la situación que viven Nicaragua y la Iglesia nicaragüense: "Ellos tienen el control absoluto del Estado y los operadores de justicia ha jugado un rol principal como brazo represivo en la creación de delitos para someter a la población, incluyendo a la Iglesia. Recientemente hemos visto que los ataques hacia la Iglesia se ejecutan de forma sistemática, y van desde limitar la introducción de aduana del vino utilizado en las misas, hasta cierres de medios de difusión de la Palabra de Dios, 'procesos' muy televisados y secuestros sin acceso a comida y medicinas".