Abogados de derechos civiles critican la agenda abortista del presidente argentino Alberto Fernández

En la República Argentina, a poco de comenzar su gestión gubernamental, el actual presidente la Nación, Alberto Fernández, ratificó su postura legalizadora del aborto. Lo hizo repetidas veces. Este propósito se concretó, entre otras medidas, en la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación que aprueba el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción del embarazo, es decir, del aborto. Se trata de la primera medida adoptada por el actual ministro de Salud nacional, Ginés González García.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández (a la derecha de la foto), junto a su ministro de Salud, Ginés González García. Ambos impulsan de forma prioritaria la agenda abortista.

ReL entrevistó al abogado Miguel J. Haslop, actual presidente de la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles en Argentina. Prodeci es una asociación civil que tiene como misión institucional procurar, por la vía jurídica, tanto en sede administrativa como judicial, la vigencia de los derechos humanos, defendiendo a la persona humana, su dignidad y el bienestar de la comunidad, en particular de sus sectores más desprotegidos y brega contra las violaciones, abusos y discriminaciones que afecten los derechos y libertades de la persona y de la sociedad por razones de conciencia, religiosas, ideológicas, políticas, culturales o por causas de sexo o edad.

-¿A qué responde que Prodeci promueva y defienda la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural?

-Responde a una necesidad que se encontraba presente en 2010, cuando nació Prodeci, y que lamentablemente se sigue verificando en la actualidad. Vemos con preocupación que se promueven leyes, o la interpretación de ellas, con total desinterés por el bien común y desde un enfoque individualista y relativista. Así, se ha tergiversado el orden jurídico, alterando la jerarquía de los valores y bienes que tutela, entre ellos, el de la inviolabilidad de la persona humana y el derecho a la vida. En nombre de la instauración de nuevos derechos, se suprimen otros preexistentes que son esenciales. Es necesario reencauzar la interpretación del Derecho de modo que todo ser humano pueda desarrollarse en la sociedad, respetándose su dignidad. Como abogados, desde Prodeci luchamos por el respeto de los derechos humanos, y lo hacemos por la vía jurídica que es nuestro ámbito de trabajo cotidiano. El derecho a la vida tiene un lugar preeminente en nuestra agenda, por ser fundamental e indispensable para el ejercicio de cualquier otro derecho.

-Parece que la llegada del coronavirus a la República Argentina fue un disparador para caer en la cuenta de la calidad del sistema sanitario nacional. ¿Qué piensa al respecto?

-No tengo dudas acerca de la calidad de nuestro sistema de salud [el argentino], de la entrega y vocación de sus trabajadores y de la necesidad de un Estado que lo sostenga. La aparición de esta pandemia lo revalorizó en la opinión pública, y al mismo tiempo nos hizo tomar conciencia acerca de qué es esencial para la salud de los argentinos. Evidentemente, algunas políticas públicas de salud en las que se derrocharon millones de pesos no responden a una verdadera necesidad de la población sino a otros intereses. Por citar un ejemplo, la promoción de tratamientos de hormonización entre menores de edad, lejos de ser un servicio social de salud es un capricho ideológico, del cual sólo se benefician sus lobistas. Hoy, en medio de una crisis que nos afecta seriamente a todos, habiendo tantas necesidades –como la de elementos de protección personal para prevenir el contagio de coronavirus- resulta inadmisible que se desvíe un solo peso por cuestiones ideológicas.

-En medio de la cuarentena para prevenir la propagación del coronavirus, el Gobierno Nacional garantiza el aborto como “servicio esencial” del sistema sanitario. ¿Qué evaluación hace de esta medida? Prodeci ¿emprendió alguna acción al respecto?

-Desde Prodeci repudiamos los dichos del Dr. Juan Carlos Escobar, Coordinador del Programa Nacional de Salud Integral de la Adolescencia, quien, en conferencia de prensa brindada en el Ministerio de Salud de la Nación, sostuvo lo que usted señala. El aborto es un crimen abominable, porque es matar a un ser humano inocente e indefenso. Está claro que quienes pretenden legalizarlo recurren a ejemplos trágicos –como la violación de la mujer- como argumento sensibilizador para ganar adhesiones, enmascarando su verdadera finalidad, que es el aborto a libre demanda. Nos preocupa que una interpretación laxa de las excepciones de punibilidad de nuestro Código Penal se exponga como si hubiera un derecho a matar. Es una deriva de pensamiento muy peligrosa, porque puede desembocar en atrocidades como la eugenesia. Toda vida vale.

-Hay una continuidad entre la administración del expresidente Macri y del actual presidente Fernández respecto de la desprotección de la vida humana desde la concepción dado que ambos impulsaron el tratamiento de un proyecto de ley legalizador del aborto, por no mencionar otros puntos de coincidencia. ¿Estamos condenados a que nos gobiernen autoridades sin criterio de bien común?

-Prodeci impugnó la Resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación que aprobó el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción del embarazo, como también impugnó la resolución de la Provincia de Buenos Aires que adhirió a dicho Protocolo. Este Protocolo registra como antecedente el que fuera publicado por el Ministro de Salud de la administración anterior [gobierno del expresidente Mauricio Macri], lo que tristemente pareciera confirmar lo que usted plantea. Pero este gobierno recién comienza y todavía está a tiempo de evitar el error de su antecesor, que abrió una grieta donde no la había –tanto entre sus dirigentes y su propia base electoral, como en la sociedad en general- y terminó perdiendo no sólo una votación en el Congreso, sino también su reelección, más allá otros factores determinantes como la situación económica.

-¿De qué manera, entonces, deberíamos actuar los ciudadanos para mejorar la calidad institucional de nuestra República?

-Cada ciudadano debería actuar en el ámbito que le compete, siguiendo su vocación según las circunstancias que le tocaron en suerte. Para mejorar la calidad institucional, es necesario informarse e involucrarse personalmente en la cosa pública, no necesariamente desde la política partidaria: las ONG también somos protagonistas en la gestión del bien común, y por lo tanto tenemos nuestra cuota de responsabilidad y compromiso para transformar el presente. Debemos renovar la pasión por lo que hacemos. En lo que respecta a si estamos condenados a que nos gobiernen autoridades sin criterio de bien común, voy a darle mi opinión personal: no creo que estemos condenados a nada, porque no creo que desde el punto de vista humano haya un sentido único de la Historia. Nuestro destino como sociedad será consecuencia de lo que hagamos, y las realidades temporales pueden transformarse. Vale recordar esta obviedad, porque muchas veces nos quieren convencer de lo contrario, de que es inútil nadar contra la corriente y que la suerte ya está echada. Sin embargo, el hombre, con sus decisiones, puede acertar o errar, en forma individual o colectiva. Cuántas veces a lo largo de la historia el hombre se ha embarcado en proyectos que resultaron aberrantes, aun cuando lo hiciere en nombre de supuestos ideales o razones con las que pretendiera justificarlos. De igual modo, también es capaz de hazañas en grado heroico si se lo propone. Pongamos cada uno nuestro grano de arena, Dios hará el resto.