La Defensora del Pueblo boliviana asume haber vandalizado la sede de la conferencia episcopal

La Defensora del Pueblo boliviano, Nadia Cruz, asume personalmente y declara haber liderado los actos de vandalismo llevados a cabo el pasado miércoles contra la sede de la conferencia episcopal boliviana en La Paz.

En torno a un centenar de personas, entre abortistas y funcionarios de dicha institución, se concentraron allí para protestar contra la Iglesia por defender ambas vidas en el caso de una niña embarazada por violación que ha decidido dar a luz al bebé. La fachada de las oficinas de los obispos se llenó de pintadas y carteles insultantes con lemas como "Violadores", "Curas perversos", “Niñas no madres”, "No son provida son proviolación”, “Saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, etc.

"He encabezado la movilización"

Susana Inch, asesora legal de la conferencia episcopal, dijo en una entrevista que “varios de los que estaban en la agresión usaban chalecos de la Defensoría del Pueblo” y que se presentará una denuncia contra dicho organismo, porque “hay daño a la propiedad” y “están identificadas las personas”.

Nadia Cruz es la Defensora del Pueblo boliviana desde enero de 2019 y ha sido acusada reiteradas veces de parcialidad política.

Por su parte, Nadia Cruz asumió haber estado presente en los actos e incluso haberlos liderado: "Si a la conferencia episcopal le preocupa la participación de la Defensoría del Pueblo, porque ha identificado chalecos de la Defensoría, le digo que yo he ido personalmente y he encabezado la movilización desde la Defensoría del Pueblo hasta la conferencia episcopal, en el ejercicio de nuestras funciones de denuncia por las violaciones de derechos humanos que en este momento está incurriendo la Iglesia”.

Se da la circunstancia de que una de las misiones declaradas por la propia Defensoría para justificar su existencia es "impulsar la acción sensible al conflicto y la gestión pacífica de la conflictividad en instituciones del Estado y actores de la sociedad, desde el enfoque de derechos humanos y la cultura de diálogo y paz".

Ambas vidas

El caso de la pequeña violada está siendo instrumentalizado por los defensores del aborto en Bolivia. El sábado 23 de octubre, con una carta escrita a mano, la niña desistió formalmente de abortar y el martes 26 recibió el alta hospitalaria. Luego, por decisión de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, fue trasladada a un albergue dirigido por la Iglesia en Santa Cruz de la Sierra.

La doctora Inch, asesor legal del episcopado boliviano, explica las circunstancias del caso de la niña violada que quiere dar a luz al bebé.

La niña tiene 11 años y fue objeto de reiterados abusos sexuales por parte de su abuelastro, de 61, que ya ha sido detenido. El feto se encuentra en la 21ª semana de gestación (cinco meses) y se valoró el aborto, finalmente descartado por la pequeña y su madre.

En declaraciones a ACI Prensa, el delegado episcopal de Salud de la archidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, Víctor Hugo Valda, explicó que la decisión del traslado de la niña al albergue fue de la Defensoría de la Niñez y que la Iglesia, que hasta el momento no ha hablado "ni con la niña ni con la madre”, se limitó a ofrecer ese lugar de acogida: "Lo que la Iglesia hizo fue personarse el lunes para que se respete la voz de la niña y de la mamá que no querían interrumpir el embarazo, y porque además, obligarle a hacerse un aborto sería un delito".

Por su parte, en un comunicado del 26 de octubre, la conferencia episcopal recordó que "ambas vidas merecen y deben ser protegidas.... Tanto los derechos de la niña, como los del bebé que crece en su vientre, deben protegerse, ya que ambos son inocentes y víctimas de un acto criminal, que tiene una gravísima responsabilidad por la que se debe responder... No se puede obligar a nadie a realizar abortos, ni siquiera ante la gravedad de la violencia sexual, porque el aborto en Bolivia es un delito, aún bajo causales de impunidad, y no se puede forzar a nadie, ni al personal de salud, a cometer este delito”.