Nicaragua detiene al rector del Seminario de Matagalpa y otros 12 sacerdotes: la CIDH da cifras

El sacerdote Jarvin Tórrez, rector del Seminario San Luis Gonzaga, en Matagalpa, y una agente de pastoral de la parroquia Santa María de Guadalupe (que también dirige el padre Tórrez) fueron detenidos este 5 de agosto por las autoridades nicaragüenses.

Se suman a otros 12 sacerdotes que han sido detenidos en el país en las tres últimas semanas. El pasado jueves y el viernes, 1 y 2 de agosto, la Policía nicaragüense realizó operativos en parroquias de las diócesis de Matagalpa y también de Estelí , según ha denunciado a través de la red social X la abogada e investigadora de temas de la Iglesia, Martha Patricia Molina, exiliada en Estados Unidos.

Martha Patricia Molina, autora del informe Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?, compartió el 5 de agosto en su cuenta de X un listado de sacerdotes “secuestrados por la dictadura sandinista”. Se trata de al menos nueve:
- Mons. Ulises Vega Matamoros,
- Mons. Edgar Sacasa Sierra,
- P. Víctor Godoy,
- P. Jairo Pravia Flores,
- P. Marlon Velásquez,
- P. Jarvin Torrez
- y P. Raúl Villegas,
todos ellos del clero de la Diócesis de Matagalpa;
- Fray Silvio Romero, de la Diócesis de Juigalpa;
- y el P. Frutos Constantino Valle Salmerón, de la Diócesis de Estelí.

Medios nicaragüenses, como Despacho505, informaron sobre la detención de otros tres sacerdotes —el P. Antonio López, el P. Francisco Tercero, Fray Ramón Morras—, así como del diácono Ervin Aguirre.

Molina indicó que los arrestos comenzaron el 26 de julio, cuando el P. Frutos Constantino Valle Salmerón, administrador ad omnia de la Diócesis de Estelí (es decir, encargado de todo en la ausencia del obispo Rolando, exiliado) fue “secuestrado, interrogado” y puesto bajo vigilancia en una casa de formación de la Iglesia Católica.

Denunció que los otros sacerdotes fueron detenidos días después sin ninguna acusación formal por parte de las autoridades, ya que “no han cometido ningún delito”.

Además alertó que los presbíteros “fueron secuestrados con violencia y sacados de sus casas curales en plena noche”. Molina señaló que todos los sacerdotes están bajo un arresto de facto, ya que “no hay ninguna orden de un juez que diga que están bajo arresto domiciliario. Todos están sin poder salir y sin poder realizar sus actividades diarias, a como lo venían desarrollando en sus respectivas parroquias”.

Molina sospecha que este acoso forma parte de una “venganza” contra el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, exiliado, “que a pesar de que está en silencio desde que salió de la prisión, la dictadura lo considera su principal enemigo”.

Contando de 2018 a marzo, ya hubo 73 detenciones de religiosos

El Colectivo Nicaragua Nunca Más, que trabaja desde el exilio en Costa Rica, citando un grupo de expertos de Naciones Unidas que monitoriza la represión en el país, cuenta que desde abril de 2018 hasta marzo de 2024, ha habido "73 casos de detenciones arbitrarias de miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas", aunque dijo que "la cifra total podría ser más alta".

La mayoría de los detenidos pertenecen a la diócesis de Matagalpa, cuyo obispo Rolando Álvarez fue exiliado el 14 de enero tras dos años encarcelado. En marzo del 2023, la República de Nicaragua solicitó a la Santa Sede el cierre de sus respectivas sedes diplomáticas, aunque sin una ruptura plena de sus relaciones.

Esta misma semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha avalado el último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Presos Políticos, que contabiliza 151 presos políticos hasta el 31 de julio pasado, de los que 25 son mujeres y 126 hombres. Entre el 1 y el 31 de julio de 2024 se registraron al menos 13 detenciones arbitrarias motivadas por persecución política, indicó esta fuente a agencia Efe.

“Varios periodistas han sido arrestados y otros tantos han sido forzados al exilio, en un intento del gobierno por silenciar las voces críticas”, agregó. 

La práctica de desapariciones forzadas ha empeorado, con casos de personas cuyo paradero es desconocido durante más de seis meses. “Las familias de estos desaparecidos han sido privadas de cualquier información sobre su situación, lo que agrava su angustia y desesperación”, añadió.

Por otro lado, de las 151 personas que están privadas de la libertad, 25 son adultos mayores con enfermedades crónicas. Estas personas enfrentan la negación de atención médica y son sometidas a torturas psicológicas, encontrándose en un estado de alta vulnerabilidad”, advierte el Mecanismo.

La lista de “presos políticos” incluye a los exdiputados indígenas miskitos nicaragüenses Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Henríquez James; el periodista Víctor Ticay, colaborador del Canal 10 de la televisión nicaragüense; el filósofo, sociólogo y catedrático Freddy Quezada; la excarcelada opositora Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón y el dirigente estudiantil Jasson Salazar, entre otros.

Nicaragua atraviesa una crisis grave desde abril de 2018, empeorada en las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, con los principales contendientes de Ortega en prisión, a los que luego expulsó del país y les privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “traición a la patria”.