¿Se acabó el abuso de las banderas gays en los ayuntamientos? Ya hay sentencia del Tribunal Supremo

La bandera arcoiris de la ideología LGTB no la ha votado nadie en España y no representa a nadie excepto a sus adherentes (no representa, por ejemplo, a muchas personas con sentimientos homosexuales pero que no se adhieren a esta ideología). Sin embargo, en España, desde 2014 se ha estado colgando con insistencia en ayuntamientos, diputaciones y edificios autonómicos, con gobiernos del PP, de IU, del PSOE o de nacionalistas.

Otras banderas peculiares y nunca votadas por el pueblo que se han estado usando son la estelada del independentismo catalán (en su variante de estrella roja o en la de estrella blanca) o la del nacionalismo canario. Pero ésta última, precisamente, es la que ha suscitado ahora una sentencia del Tribunal Supremo que sienta jurisprudencia y puede acabar con este despliegue de creatividad vexilológica que haría las delicias del estrambótico Sheldon Cooper y su programa "Diversión con Banderas" (véase en Big Bang Theory).

Banderas raras en "Diversión con banderas" (Big Bang Theory); está bien para una teleserie de humor, no para los balcones de edificios públicos que se pagan con los impuestos de los españoles

No al uso -incluso ocasional- de banderas no oficiales

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija como doctrina «que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas».

La sentencia anula el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de 30 de septiembre de 2016, que reconocía una bandera nacionalista de Canarias (la bandera de las siete estrellas verdes) como uno de los símbolos del pueblo canario acordando su enarbolamiento en un lugar destacado de la sede central del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el 22 de octubre de 2016.

El Tribunal Supremo explica que esta bandera «no es la bandera oficial, por lo que no puede atribuírsele la representatividad del pueblo canario como defiende el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife».

Que unos concejales voten que una bandera representa tal o cual cosa para el pueblo no hace que sea así: está fuera de sus competencias, viene a decir la sentencia.

En sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Celsa Picó, los jueces del Supremo recuerdan que la administración, incluyendo la municipal, ha de respetar el ordenamiento jurídico, «sin que lo acordado, aunque lo voten la mayoría de los grupos políticos, pueda incardinarse en el marco competencial fijado por el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local».

La sentencia estima el recurso de la abogacía del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de noviembre de 2017, que dio la razón al Ayuntamiento tinerfeño y consideró que el izado de una bandera no oficial en la acera exterior del edificio, frente a la fachada de la corporación, en un mástil auxiliar, se encontraba perfectamente contemplado dentro del marco de la legalidad institucional española. El Supremo repone la sentencia dictada inicialmente, en junio de 2017, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz, que resolvió que el acuerdo municipal era nulo de pleno derecho debido a que las Administraciones Públicas no pueden legalmente exhibir otras banderas que no sean las oficiales.

El acuerdo municipal que el Supremo ha anulado decía:

«1.- Reconocer en Pleno la bandera nacional de Canarias (la bandera de las siete estrellas verdes) como uno de los símbolos colectivos con los que se siente identificado el pueblo canario, expresión de las luchas históricas que se han sucedido en el archipiélago a favor de la instauración de la democracia, la libertad y la consecución de mayores cotas de bienestar para sus gentes, así como en pro de la construcción de una mayor hermandad entre las islas».

«2.- En virtud de este reconocimiento y cumpliendo la legalidad vigente, la institución acuerda enarbolar en un lugar destacado de su sede central la bandera nacional de Canarias el día 22 de octubre del presente año de 2016 en conmemoración de su 52 aniversario».

A raíz de esta sentencia del Tribunal Supremo parece que la multiplicación -ilegal- de banderas de distintas y pintorescas ideologías en los balcones y fachadas de los edificios públicos está entrando en su recta final.

Desde 2014, el boom de las banderas gays en todos los partidos

José Antonio Monago, del PP, presidente de Extremadura, colocó la bandera gay en el palacio autonómico en 2014, abriendo una época de entusiasmo en ayuntamientos y autonomías -ya no sólo de izquierdas- por este símbolo de una ideología particular. Antes que él, ningún parlamento o palacio autonómico gobernado por el PP lo había hecho.


Puerta del Sol de Madrid, 28 de junio de 2015, con la bandera
de la ideología del lobby gay... por decisión de la presidenta
autonómica Cristina Cifuentes, del Partido Popular



Una bandera gigante del lobby gay en Cibeles en 2015,
sede de la alcaldía madrileña, por decisión de Ganemos Madrid

En Madrid ciudad, gobernada por el grupo de izquierda populista en 2015 Ganemos Madrid, la bandera gay ondeó no sólo en el Palacio de Cibeles, actual alcaldía, sino en las estaciones de tren de Atocha y Chamartín y en el aeropuerto de Barajas durante las fiestas del Orgullo Gay. La entonces concejala de Cultura, Cecilia Mayer, ordenó por carta a los responsables de las empresas titulares de los edificios, ADIF y AENA, «la colocación» de la enseña «en lugares visibles» de sus «instalaciones».

La presidenta de la región de Madrid entonces, Cristina Cifuentes, del Partido Popular, ordenó colocar las banderas del lobby gay en distintos edificios autonómicos. Presumía de su militancia pro-LGTB: "Yo siempre he apoyado las reivindicaciones de este colectivo, lo he hecho también de una forma expresa en el programa electoral mediante el compromiso de una ley de transexualidad y de una ley contra la discriminación y a favor del colectivo LGTB", proclamó. Esa ley la usó Cifuentes para intentar multar al colegio católico Juan Pablo II por una carta en la que se criticaba la ideología de género... multa que luego al justicia anuló.

También las localidades madrileñas de Móstoles y Alcalá de Henares, con alcaldes socialistas, colgaban en 2015 esta enseña en sus balcones. La portavoz de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís, declaraba ese año que la bandera de la ideología gay "no es polémica". 

Hasta 2018, Guadalajara tenía un alcalde del PP que se negaba a usar la bandera gay; pero en 2019 el poder pasó al PSOE y en junio exhibieron la "bandera gay" y la "bandera trans" en un alarde vexilológico; se asomaron a festejar los concejales socialistas, de Ciudadanos, algunos del PP, los de Unidas Podemos y Aike

Diputados regionales de la izquierda populista de Podemos y representantes de la Asociación de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales de Asturias (Xega) colocaron la enseña del lobby en el principal balcón de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA). Podemos lo pidió por vía oficial y le apoyo IU; aunque en aquel año tanto los grupos del PP como del PSOE en Asturias declinaron "la propuesta de participar y consideraron que no era adecuado que la bandera estuviera en la fachada".

También el ayuntamiento de Oviedo, con alcalde socialista, colgó en 2015 por primera vez la bandera del lobby en su balcón principal. En Cantabria, según la prensa regional, colgaron los colores LGTB alcaldes socialistas como los de Santa Cruz de Bezana, Torrelavega, Cartes, Santoña, Laredo o Colindres.

En Alicante el nuevo alcalde socialista también ha hecho ondear la bandera del lobby gay, aunque la anterior alcaldesa electa, Sonia Castedo, del Partido Popular, era declaradamente afín a este lobby y se declaraba a favor del aborto, el matrimonio gay, las fiestas de orgullo gay y participaba en homenajes a la masonería (después fue imputada por corrupción aunque no llegó nunca a ser condenada). 

La bandera del lobby gay ondeó también ese año en los ayuntamientos de Denia (alcalde socialista), Altea (alcalde de Compromís, coalición de izquierda radical), Benidorm (con el alcalde del Partido Popular Antonio Pérez... el PP lo hace allí desde 2010), Torrevieja (alcalde de Els Verds), Sagunto (alcalde de Compromís), Gandía (alcaldesa socialista), Alcira (alcalde de Compromís), Godella (alcaldesa de Compromís) o Játiva (alcalde socialista).

En Valencia capital el nuevo gobierno municipal de Compromís en 2015 hizo colgar una bandera gay de tamaño grande en el consistorio. Pero hay que recordar que hace pocos meses el ayuntamiento gobernado por Rita Barberá del Partido Popular dejó colgar un gran lazo con los colores del lobby en una de sus fachadas.

Las Cortes Valencianas en 2015 establecieron con el apoyo de todos los grupos -a excepción del PP regional- que cada 28 de junio cuelgue la bandera del lobby en la fachada. Ante la nueva sentencia del Supremo en 2020, parece que esta decisión parlamentaria sería ahora nula de pleno derecho.

También se colgó en 2015, por primera vez, la enseña de la ideología gay en el balcón del Ayuntamiento de Salamanca, con el visto bueno del PSOE, Ciudadanos, Ganemos y de incluso el Partido Popular (entonces Alonso Fernando Fernández, que gobernaba Salamanca con 12 concejales y el 40% del voto). En 2007 el balcón del grupo municipal socialista amaneció con la bandera multicolor: en ese año el entonces alcalde, Julián Lanzarote, hizo que la Policía municipal la retirara. Al final, el PP salmantino asume la ideología que antes criticaba.

También se usó la bandera gay por primera vez en 2015 en el Concello de Santiago de Compostela, al pasar a ser gobernada por una coalición de extrema izquierda nacionalista gallega. Lo mismo sucedió en La Coruña y Ferrol. 

Andalucía era un caso especial: esta región, siempre bajo gobierno socialista, usaba la bandera gay desde 2011. En 2015 organizó se produjo un izado de bandera del lobby gay con la asistencia de representantes de los cinco partidos con representación (PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU). 

Incluso en 2019 el nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, anunciaba en ABC: «Por supuesto que vamos a colgar en el Ayuntamiento de Madrid la bandera LGTBI, como todos los años. Esta cuestión no es objeto de debate», afirmó rotundo el alcalde de Madrid, según recoge ABC.

El repaso es incompleto, pero, como ya indicamos en ReL, quedaba claro que la ideología del lobby gay ocupa en España un espacio desproporcionado que los políticos le entregaban acríticamente -y, ahora se comprueba, contra el deber de neutralidad al que estaban obligados- , un espacio que no tienen otras muchas causas dignas de mayor atención, desde el Día contra la Pobreza hasta el Día de la Lucha contra el Hambre.