Ataques a la Iglesia en base a prejuicios

En las últimas semanas he podido leer ataques a la Iglesia en relación a las inmatriculaciones de edificios y al supuesto Concordato. Es evidente que cualquier ciudadano tiene derecho de discrepar de la posición de la Iglesia en relación a aquellos, pero el mínimo que puede exigirse a los críticos es que lo hagan en base a datos y hechos reales, no a supuestos o inventados.

Antoni Matabosch, teólogo y presidente honorario de la fundación Joan Maragall, que estuvo al frente de los asuntos económicos de la archidiócesis de Barcelona, publicaba hace pocos días un artículo en La Vanguardia en el que señalaba que con las inmatriculaciones de bienes de la Iglesia ha habido muchos prejuicios. El mismo autor ha explicado muchas veces a lo largo de los dos últimos años el proceso de inmatriculación, pero se cansó de que sigan las actitudes negativas de muchos sin atender a la realidad.

Titulaba el último artículo con un "¡Basta ya!". Decía en el texto: "No hay manera de hacer cambiar este prejuicio. Basta ya de decir mentiras y desprestigiar el nombre de la Iglesia, que como toda obra humana tiene sus pecados y equivocaciones. Pero no es este el caso de las inscripciones de bienes en el Registro de la Propiedad".

Matabosch hacía un repaso histórico de un hecho que tiene sus raíces en la primera mitad del siglo XIX, con las desamortizaciones, los problemas de inscripción en el Registro de la Propiedad, la desaparición de archivos por revoluciones y guerras, etc. 

Ante tal situación el Estado decidió, en sucesivas leyes, desde 1863 hasta 1998, que todos los inmuebles eclesiales que no eran centros de culto sin papel directo de propiedad se pudieran inscribir (inmatricular) con una certificación del obispo y aportando otros documentos que probaran la propiedad (catastro, uso inmemorial, etc.).

Explica que hace dos años la Generalitat entregó al Parlamento catalán un listado de 3.700 bienes inmatriculados y solo se han presentado cinco reclamaciones, que se están estudiando.

A nivel de España, el Gobierno central presentó al Congreso de los Diputados el listado de 32.400 bienes inmatriculados y el número de reclamaciones es también ridículo. Prueba de que se ha trabajado con rigor, sin pretender atribuirse bienes que no son suyos. Detalla, además, que los Registros de la Propiedad han sido muy meticulosos, y, tras afirmar que las comunidades cristianas han construido y conservado lugares de culto abiertos a todos, pide que se pase "del prejuicio al juicio objetivo".

Los datos aportados son incontrovertibles. Apenas hay reclamaciones concretas. Es posible que se hayan producido algunos errores, pero su número es irrelevante sobre el total. Muestra de que los ataques derivan de la aversión a la Iglesia, no del reconocimiento de la realidad.

Alguien podrá estar incluso en contra de que la Iglesia tenga bienes, pero mejor que lo exprese abiertamente, no por irregularidades en las inmatriculaciones.

Por otro lado, hace unos días, una conocida escritora que publica en diversos periódicos decía que el Concordato de España con la Santa Sede nos cuesta "cada año a los españoles entre 6.000 y 10.000 millones de euros". Aparte de que no está vigente un Concordato sino unos Acuerdos, la cuestión está de dónde se saca tales cifras, porque no las explica. No he sido capaz de verlo.

No sé si puede referirse a las aportaciones del Estado (o de las autonomías) a la enseñanza concertada. Si es así, demuestra un absoluto desconocimiento. En primer lugar porque es un asunto que nada tiene que ver con acuerdos con la Santa Sede, y afecta tanto a la enseñanza confesional como a la que no lo es.

Pero, además, la enseñanza concertada es, desde la óptica económica, un gran "chollo" para el Estado, puesto que sus aportaciones para la escolarización de cada alumno son, por término medio, el 60 por ciento de lo que le cuesta una plaza pública del mismo nivel. O sea, que se ahorra miles de millones, el 40 por ciento del coste de todos los alumnos que van a la escuela concertada.

Cosa distinta es, de nuevo, que desde una posición estatalista y anticatólica se quiera eliminar la enseñanza de centros no estatales, y de forma particular los de ideario cristiano, pero es otra batalla que no tiene relación con los números esgrimidos. Es una posición ideológica. Nada que ver con la economía.