Ley LGTB catalana: en 30 meses ha gastado 2 millones de euros públicos y sólo ha puesto una multa
Hace 30 meses (dos años y medio) se aprobó en Cataluña la llamada, por sus detractores, "ley de privilegios LGTB" (oficialmente Ley 11/2014 para erradicar la LGTBIfobia).
Mireia Mata, responsable de Igualdad de la Generalitat, afirma, para mostrar que la administración se la ha tomado en serio, que la Generalitat ha dedicado 2 millones de euros a implementarla. (Ese dinero daría para becar durante un año a 31.000 niños pobres en una escuela claretiana de la India, por ejemplo).
El fruto después de 30 meses de amenazas de denuncias y de gastar 2 millones de euros del contribuyente es una sola multa. A un joven que dijo insultos homófobos a un trabajador de un centro para ancianos se le ha hecho pagar 300 euros. Claro que eso se puede conseguir en cualquier región de España sin leyes LGTB, simplemente, denunciando por injurias (quizá con una multa menor).
El Observatorio catalán contra la Homofobia (entidad privada financiada exclusivamente por la Generalitat), que se especializa en denunciar y amenazar con denunciar, se queja de que se necesita desarrollar la ley con un reglamento más restrictivo, que facilite más el multar y condenar.
Las "quejas": que no les pagan la fecundación
Este Observatorio, en 30 meses, ha hecho llegar a la Generalitat algo más de 100 casos de "posibles denuncias por agresiones y discriminación". Es decir, 3 casos al mes. Muchas de esas "quejas por discriminación" son de parejas de lesbianas que se quejaban de que la sanidad pública no les financiaba la fecundación artificial.
Otras veces son supuestos casos de insultos. Casi siempre se trata de la palabra de uno contra la de otro, y el sistema judicial español en estos casos defiende la presunción de inocencia.
En el informe 2016 del Observatorio comentan el caso de una lesbiana que denuncia unos versos satíricos en la fiesta de un pueblo, que hablan mal de un personaje de ficción lésbico. La denunciante detalla que a ella, personalmente, siempre se le ha tratado bien en su pueblo.
El Síndic de Greuges (defensor del pueblo en Cataluña) recibió, hasta final de 2016, sólo 33 "quejas" de temática LGTB de entidades y particulares, reenviadas a la Administración. El Síndic tiene una asesora particular sólo para este tema.
La Dirección General de Igualdad de la Generalitat ha dedicado tiempo y recursos a investigar 63 casos. Pero como vemos, sólo uno ha acabado con multa.
Con un máximo de 3 casos dudosos al mes y una sola multa en 30 meses, ¿se puede considerar que la LGTBfobia sea un problema real en Cataluña y grave que requiera gastar 2 millones de euros y una ley llena de particularidades extrañas? ¿O es un truco para dar de comer a activistas del lobby LGTB con dinero público?
Mireia Mata (ERC), directora de Igualdad de la Generalitat
Más que "denuncias" son "notificaciones"
Su responsable, Mireia Mata, de ERC, matiza que lo que muchos llaman "denuncias" son solo "notificaciones" o "poner en conocimiento".
Se comenta el caso de un niño que sufría "bullying" porque los compañeros le acusaban de tener "otra" orientación sexual. La madre se quejó muchas veces a la escuela, también por escrito. Después, al Síndic. El Síndic dictaminó que debía actuar el Departamento de Enseñanza. Enseñanza no hizo nada, y el colegio tampoco. La ley LGTB no parece haber sido de utilidad para nada en este caso, que quizá un simple inspector podría encauzar.
Mireia Mata, la misma funcionaria que declaró que "nadie, tampoco un obispo puede cuestionar los distintos modelos de familia", explica a los lobbies gays, con realismo, que a golpe de multas no conseguirán mucho.
En el diario Público insiste en que la clave está en la escuela, es decir, en adoctrinar a los niños en la ideología LGTB. “Lo primero es a través de la educación y de la formación en diversidad sexual", señala.
(Sobre la ineficacia real de las amenazas LGTB lea también el artículo Novell los ha acogotado)
Mireia Mata, responsable de Igualdad de la Generalitat, afirma, para mostrar que la administración se la ha tomado en serio, que la Generalitat ha dedicado 2 millones de euros a implementarla. (Ese dinero daría para becar durante un año a 31.000 niños pobres en una escuela claretiana de la India, por ejemplo).
El fruto después de 30 meses de amenazas de denuncias y de gastar 2 millones de euros del contribuyente es una sola multa. A un joven que dijo insultos homófobos a un trabajador de un centro para ancianos se le ha hecho pagar 300 euros. Claro que eso se puede conseguir en cualquier región de España sin leyes LGTB, simplemente, denunciando por injurias (quizá con una multa menor).
El Observatorio catalán contra la Homofobia (entidad privada financiada exclusivamente por la Generalitat), que se especializa en denunciar y amenazar con denunciar, se queja de que se necesita desarrollar la ley con un reglamento más restrictivo, que facilite más el multar y condenar.
Las "quejas": que no les pagan la fecundación
Este Observatorio, en 30 meses, ha hecho llegar a la Generalitat algo más de 100 casos de "posibles denuncias por agresiones y discriminación". Es decir, 3 casos al mes. Muchas de esas "quejas por discriminación" son de parejas de lesbianas que se quejaban de que la sanidad pública no les financiaba la fecundación artificial.
Otras veces son supuestos casos de insultos. Casi siempre se trata de la palabra de uno contra la de otro, y el sistema judicial español en estos casos defiende la presunción de inocencia.
En el informe 2016 del Observatorio comentan el caso de una lesbiana que denuncia unos versos satíricos en la fiesta de un pueblo, que hablan mal de un personaje de ficción lésbico. La denunciante detalla que a ella, personalmente, siempre se le ha tratado bien en su pueblo.
El Síndic de Greuges (defensor del pueblo en Cataluña) recibió, hasta final de 2016, sólo 33 "quejas" de temática LGTB de entidades y particulares, reenviadas a la Administración. El Síndic tiene una asesora particular sólo para este tema.
La Dirección General de Igualdad de la Generalitat ha dedicado tiempo y recursos a investigar 63 casos. Pero como vemos, sólo uno ha acabado con multa.
Con un máximo de 3 casos dudosos al mes y una sola multa en 30 meses, ¿se puede considerar que la LGTBfobia sea un problema real en Cataluña y grave que requiera gastar 2 millones de euros y una ley llena de particularidades extrañas? ¿O es un truco para dar de comer a activistas del lobby LGTB con dinero público?
Mireia Mata (ERC), directora de Igualdad de la Generalitat
Más que "denuncias" son "notificaciones"
Su responsable, Mireia Mata, de ERC, matiza que lo que muchos llaman "denuncias" son solo "notificaciones" o "poner en conocimiento".
Se comenta el caso de un niño que sufría "bullying" porque los compañeros le acusaban de tener "otra" orientación sexual. La madre se quejó muchas veces a la escuela, también por escrito. Después, al Síndic. El Síndic dictaminó que debía actuar el Departamento de Enseñanza. Enseñanza no hizo nada, y el colegio tampoco. La ley LGTB no parece haber sido de utilidad para nada en este caso, que quizá un simple inspector podría encauzar.
Mireia Mata, la misma funcionaria que declaró que "nadie, tampoco un obispo puede cuestionar los distintos modelos de familia", explica a los lobbies gays, con realismo, que a golpe de multas no conseguirán mucho.
En el diario Público insiste en que la clave está en la escuela, es decir, en adoctrinar a los niños en la ideología LGTB. “Lo primero es a través de la educación y de la formación en diversidad sexual", señala.
(Sobre la ineficacia real de las amenazas LGTB lea también el artículo Novell los ha acogotado)
Comentarios
¡No te pierdas las mejores historias de hoy!
Suscríbete GRATIS a nuestra newsletter diaria
