Iglesia e independencia

Una cuestión fundamental permanece en la incertidumbre. ¿Qué trato constitucional tendría la religión en una Cataluña independiente? La pregunta es necesaria dados los precedentes. El cabeza de lista de Junts pel Sí [Raül Romeva] acusó a Benedicto XVI de promover actos criminales, e intentó que el Parlamento Europeo lo condenara. Acérrimo partidario del laicismo de la exclusión, y de la liquidación de la escuela concertada, representa las mismas posiciones de Iniciativa per Catalunya. Esquerra mantiene una actitud parecida, mientras el aliado necesario, la CUP, propugna en Barcelona la supresión de los nombres religiosos de las calles. Son antecedentes inquietantes.

Queda CDC. Sí, pero hace años que no es garantía. Sólo hay que recordar algunos hechos. Uno es la declaración de los obispos catalanes sobre los Principios Rectores del Estatuto de Autonomía. En ellos se proclama la ideología de género como matriz de nuestra sociedad. Y hace poco se ha remachado el clavo con una ley que, en nombre de la igualdad de la mujer, impone aquella ideología. Es equivalente a razonar que para proteger a los trabajadores es necesario asumir el marxismo. La negativa a legislar una ley contra todo tipo de discriminación, y limitar la protección a las personas GLBTI es otra arbitrariedad ideológica. ¿Por qué no proteger también a las personas de más de 50 años, al inmigrante, al pobre y al gitano? Son además leyes coactivas sin parangón en el mundo. CDC ha sido la coautora entusiasta. Ha abonado sin falta las subvenciones a las clínicas abortistas, mientras no se paga a las farmacias, y se recortan prestaciones vitales. Bajo el Gobierno de Mas se ha seguido permitiendo la exclusión de la clase de religión en escuelas públicas, vulnerando la obligación legal de ofrecerla.

Formo parte del Consejo Pontificio para los Laicos, nombrado por Benedicto XVI, y después por Francisco, y desde este observatorio mundial he de decir que me resulta difícil encontrar tanta beligerancia, fuera de los países donde existe alguna clase de discriminación estatal. Hoy disponemos de un marco constitucional fundamentado en la aconfesionalidad –que no laicismo– del Estado, el reconocimiento positivo y la colaboración con las confesiones religiosas, con una referencia explícita en la Iglesia católica, y el derecho de los padres a la educación moral y religiosa de los hijos, principio del que emana la escuela concertada. Tenemos derecho a saber qué cambios haría Junts pel Sí en esta regulación en una Cataluña independiente.

Artículo publicado en La Vanguardia.