El ministro Torres, sobre los monjes del Valle: «Queremos que se vayan, debe ser un centro laico»

El Gobierno socialista de España, junto con sus socios de extrema izquierda, sigue teniendo entre sus objetivos de legislatura expulsar a los 21 monjes benedictinos del Valle de los Caídos. Una medida recurrente, según se quiera variar o no el tercio de la opinión pública.

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En esta ocasión ha sido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha dicho, directamente, en una entrevista al diario El País: "Queremos que se vayan".

"Un centro laico para explicar la guerra" 

El ministro Torres ha amenazado a los religiosos y confirma que están hablando con las autoridades de la Iglesia ya que "debe ser un centro laico que sirva para explicar la guerra y lo que vino después". "No cabe que se queden", ha reiterado el expresidente de Canarias.

El ministro reconoce que los monjes no quieren irse y que hay "cierta resistencia", pero añade que también la hubo "para exhumar los restos de Francisco Franco y al final la Justicia lo avaló". La idea del Ministerio es llegar a un acuerdo por las buenas, pero también reconocen que será difícil porque los monjes no se quieren ir.

Según publica El Debate, el entorno de los monjes confirma que el Ejecutivo no tiene comunicación alguna con ellos y que aunque se quisiera intentar por la vía de la Conferencia Episcopal, este órgano no tiene jurisdicción sobre el Valle: ya que su caso compete directamente a la Santa Sede.

En estos momentos, el Ministerio de Torres trabaja en la redacción de cuatro reales decretos de desarrollo de la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en octubre de 2022. Uno de ellos, el que afecta a los benedictinos, establecerá un nuevo marco jurídico aplicable al Valle para determinar su organización, funcionamiento y régimen patrimonial.

La intención del Gobierno de Sánchez es transformar el Valle en un centro de interpretación. Pero la presencia de los monjes es su principal obstáculo, puesto que sigue en vigor un convenio que la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de Silos firmaron en 1958. Y que, en teoría, el Ejecutivo no podría romper de forma unilateral. O no sin empezar una batalla judicial con los benedictinos.

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