Abogados de toda España se unen para crear una Comisión Jurídica por la libertad de educación

La Ley Celaá ha puesto una vez más de manifiesto el peligro que corre la libertad de educación y la de los padres de poder elegir cómo quieren educar a sus hijos. No es un fenómeno nuevo, pero la amenaza es ahora más palpable que nunca. Para precisamente defender esta libertad se ha constituido una Comisión Jurídica Nacional.

De este modo, un experimentando grupo de profesionales del Derecho ha creado esta comisión con el fin de aunar esfuerzos en todo el territorio nacional en favor de la libertad de educación y coordinar el ejercicio de acciones legales en su defensa.

Tal y como explican los promotores de esta iniciativa, la Comisión Jurídica tiene una vocación eminentemente práctica y ha surgido tras años de acciones legales en tribunales nacionales e internacionales de diferentes órdenes defendiendo la Libertad de Educación.

Abogados expertos en la materia

Se encuentra integrada por varios despachos de abogados de toda España que llevan años defendiendo ante los Tribunales la libertad de Educación. El objeto de la Comisión es coordinar el conjunto de las acciones legales que se van a plantear a partir de ahora a nivel autonómico y nacional, a fin de exigir el escrupuloso cumplimiento de la Constitución y los Tratados y Convenios Internacionales, así como la consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

Esta Comisión Jurídica Nacional nace en defensa del modelo educativo que recoge el artículo 27 de la Constitución Española en el que la libertad de educación es nuclear.

Por ello, anuncian que no escatimarán esfuerzos ni recursos en acudir y recurrir ante las instancias que correspondan y ante tribunales de cualquier orden, ya sean nacionales, europeos o internacionales, para exigir el respeto al derecho fundamental a la Libertad de Educación.

La existencia de esta comisión tiene como centro defender que los padres puedan elegir libre y voluntariamente la educación de sus hijos conforme a sus convicciones éticas o religiosas y rechaza frontalmente la imposición estatal de materias y principios con sesgo ideológico. Reclaman así, una auténtica Educación por Derecho.