Dos bandos dividían la Iglesia española en febrero de 1936: les unía la certeza de la aniquilación

Es una de las más importantes aportaciones a la bibliografía sobre la Guerra Civil en las últimas décadas. Tras años de investigación, los autores de 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García (profesores respectivamente de Historia del Pensamiento Político y de Historia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid) han logrado reconstruir y demostrar el fraude electoral en virtud del cual el Frente Popular se apoderó del poder en febrero de 1936 gracias a la manipulación del recuento de votos mediante la violencia. Las elecciones las había ganado la derecha.


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El hecho en sí se intuyó entonces porque fue masivo, y lo recogió el Dictamen de la comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936 publicado por el Ministerio de la Gobernación en 1939. En 1971, Javier Tusell lo abordó también en su libro Las elecciones del Frente Popular. Pero que nunca hasta ahora se había documentado de forma tan exhaustiva y concluyente, en la medida, eso sí, que lo permite la reconstrucción de los resultados reales.

Circunscripción a circunscripción, los autores han revisado el recuento de votos, las actas y la información sobre los sucesos en torno a su confección y proclamación y concluyen que de los 240 escaños que se le atribuyeron a las izquierdas (mayoría aboluta en una cámara de 473 miembros), entre 29 y 33 escaños en la primera vuelta, y 23 en la segunda, fueron resultado del falseamiento del escrutinio o de las actas, la mayor parte de las veces bajo la coacción de manifestaciones organizadas e invasión de las dependencias del recuento.

Ambiente de violencia
Ésa es quizá la aportación decisiva de esta obra, que además estudia con desapasionamiento la situación prerrevolucionaria que precedió y siguió a los comicios, con duros enfrentamientos violentos entre partidos de uno y otro signo, que cuantifica y reparte territorial e ideológicamente: 41 muertos y 487 actos de violencia política entre el 1 de enero y el 16 de febrero

La Iglesia fue asimismo víctima de la violencia. Entre el 1 de enero y el 16 de febrero sufrió una decena de atentados, casi siempre en forma de incendio o destrozo de templos, pero también de escuelas (como la regentada por un sacerdote de Albacete), y con algunas agresiones personales, como la que padeció una religiosa de las Siervas de Jesús en Oviedo.

Católicos: las consecuencias de una victoria frentepopulista
Los católicos, exponen los autores, se presentaron a las elecciones divididos, como lo habían estado desde 1931, entre quienes consideraban identificables la República y la Revolución y quienes aún confiaban en un entendimiento entre Estado e Iglesia bajo el régimen republicano. Pero unos y otros tenían la firme convicción de que una victoria del Frente Popular significaría hacer de España, como México o Rusia, "oprobio de la civilización, sede de la barbarie y la tiranía", según señaló el periódico católico El Debate (posibilista durante toda la República) el 2 de febrero, dos semanas antes de los comicios.

Se tenía memoria de lo sucedido en el primer bienio, que los católicos habían vivido -señalan los autores- "como una auténtica revolución religiosa destinada a secularizar no solo la política sino las conciencias", con una Constitución militantemente anticatólica y la expulsión de los jesuitas. Se tenía memoria de lo sucedido en el golpe de Estado socialista de 1934, que se tradujo, entre otras cosas, en el asesinato de cuarenta sacerdotes y religiosos y en el incendio de más de medio centenar de iglesias. Se tenía memoria de las numerosas "declaraciones explícitas acerca de sus intenciones anticatólicas" de las fuerzas integrantes del Frente Popular para el día siguiente de su victoria.

Además, durante toda la campaña electoral los socialistas y los comunistas mantuvieron una actitud muy agresiva hacia la Iglesia como aliada del "fascismo". El 4 de febrero de 1936, El Socialista anunciaba como un "objetivo fundamental de la lucha revolucionaria" la "expulsión de las órdenes religiosas y confiscación de sus bienes en beneficio de los parados", así como la implantación de la "instrucción laica" y "obligatoria". Las acusaciones contra la Iglesia eran burdas: "Si en sus manos estuviera, desde los campanarios dispararían los frailazos contra los que osan soñar con una vida civil plena, libre y alegre".

Acción Católica y la actitud episcopal
Un aspecto interesante es la relación entre la Acción Católica, organización apostólica del laicado bajo la dirección de los obispos, y los partidos católicos. Hubo casos en que la vinculación fue estrecha, pero fueron pocos y en general en favor de la CEDA (posibilista). Los laicos de Acción Católica mantenían la misma división que el conjunto de los católicos entre el posibilismo republicano de unos y quienes denunciaban la esterilidad de esa postura durante los cinco años de régimen desde la caída de la monarquía. El presidente de la Acción Católica de Navarra denunció "el error de quienes suponen que Acción Católica es un partido político".

Aunque no hubo un pronunciamiento colectivo del episcopado ante las elecciones, numerosos obispos llamaron la atención de los fieles sobre el carácter crítico de los comicios. A mediados de enero, el cardenal primado, Isidro Gomá, pidió la unidad de los católicos ante "la hostilidad del adversario", y "la suma de los votos y de los partidos de afirmación religiosa, yendo a la conquista del poder político para la tutela de los intereses del orden religioso".


El tarraconense Isidro Gomá, arzobispo de Toledo y primado de España, tuvo un papel decisivo en la articulación de la resistencia católica ante el anunciado exterminio por parte del Frente Popular.

Las denuncias frentepopulistas de implicación directa de párrocos en la refriega electoral fueron "pocas y poco relevantes", destacan Álvarez Tardío y Villa García: una veintena entre las que citan las formuladas contra los párrocos de Lezuza (Albacete), Dacón (Orense), Quinto (Zaragoza), Peñalva (Huesca) o Piloña (Oviedo) por pedir el voto directamente para candidaturas derechistas. Un par de sacerdotes se presentaron como candidatos en desobediencia a sus superiores, siendo en algún caso suspendidos a divinis, como Jerónimo García Gallego, en Turégano, diócesis de Segovia.

Los candidatos de la derecha pidieron a los obispos que dejasen salir a votar a las religiosas de clausura, pero la mayoría de los prelados no lo autorizaron.

En resumen, "la línea posibilista y la experiencia del segundo bienio [gobierno de la derecha] no fueron repudiadas y, por ello, los católicos no constituían un bloque monolíticamente contrarrevolucionario... algo que contradecía el carácter integrista de la Iglesia española que las izquierdas denunciaban de continuo", concluyen los autores de 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular.


Manuel Irurita, un navarro al frente de la diócesis de Barcelona.

Lo que sí tenían en común católicos de todo signo era "la percepción de las elecciones como una lucha por la supervivencia de la que dependía "la misma existencia de la España católica": una frase que pronunció Manuel Irurita, obispo de Barcelona, meses antes de demostrar como mártir lo ajustado de su percepción.

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