Dos buenas noticias sobre la batalla legal del Mandato HHS

Ya hemos informado aquí en diversas ocasiones acerca del ataque de la Administración Obama  a las instituciones religiosas a través del Mandato de la HHS de obligarles a contratar seguros médicos para sus empleados que incluyan abortivos, contraceptivos y esterilización. Estamos, no lo duden, ante una cuestión de gran calado y que va a marcar el futuro de la libertad en Estados Unidos. También decíamos que ante la intransigencia de Obama, a la Iglesia católica y a otras organizaciones religiosas no les había quedado más salida que llevar el asunto a los tribunales. Pues bien, llegan dos noticias positivas sobre este asunto.

En primer lugar, una empresa familiar (nótese, no estamos hablando de ninguna institución vinculada a la Iglesia), O’Brien Industrial Holdings, que ha objetado sus creencias religiosas para rechazar también la imposición del mandato HHS ha conseguido la suspensión cautelar del mismo por parte de un juzgado del Octavo Circuito del Tribunal de Apelaciones.

O’Brien, representado por el American Center for Law and Justice (ACLJ) es el primer negocio privado que ha llevado a los tribunales a la Administración Obama por este asunto. En la misión de la empresa se explicitan los valores católicos que guían su trabajo, lo que ha sido determinante para dotar de base jurídica a su apelación. Además, la importancia del caso reside en que, incluso si Obama finalmente cediera y aceptara una exención para organizaciones religiosas, ésta no se aplicaría a empresas privadas como la de O’Brien. El argumento aquí es claro: el mandato HHS no es sólo un ataque contra los grupos religiosos en su aspecto más institucional, sino contra todos  los creyentes. El gobierno no debe obligar a un empresario a dirigir su empresa en contra de sus principios morales.

La otra noticia llega de Nueva York, donde un juez ha aceptado la demanda interpuesta por esa Archidiócesis en relación al mandato HHS. La Administración Obama había argumentado que la demanda era prematura, pues a pesar de que el mandato ya es firme, aún están abiertos a negociar algunos aspectos de su aplicación. Pero el juez Cogan ha respondido que la incertidumbre sobre el futuro no es motivo suficiente para impedir una demanda sobre una carga económica que, a día de hoy, es cierta. Para argumentarlo ha escrito: "No hay ninguna cláusula en la Constitución que diga ´Confía en nosotros, pronto introduciremos cambios´”.

La batalla va para largo y se va a luchar en varios frentes. Veremos cómo acaba.