El Tribunal Constitucional admite el recurso del PP y Navarra contra la Ley del Aborto

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido este miércoles a trámite los recursos presentados por el Partido Popular (PP) y por el Gobierno de Navarra contra la nueva Ley del Aborto, que está previsto entre en vigor el próximo lunes, 5 de julio.

Asimismo, el TC establece que se oiga al Gobierno, al Congreso y al Senado para que, en el plazo de tres días, formulen alegaciones a la petición del PP de suspensión cautelar de la norma hasta que se dicte sentencia.

En su recurso, el PP pedía a los magistrados que suspendan de forma cautelar, antes de que entre en vigor la ley, ocho preceptos, entre los que figura la liberalización de del aborto hasta la semana 14 de gestación.

El Constitucional también establece un plazo de 15 días para que el Gobierno y el Congreso puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes al recurso, informa Efe.

Con esta decisión de escuchar a las partes personadas antes de tomar una decisión sobre la suspensión, el Constitucional no se pronunciará sobre la anulación o no de esta ley antes de su entrada en vigor, que está programada por el Gobierno para el próximo 5 de julio.

La nueva Ley
La nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo establece un plazo de 14 semanas para que las mujeres, «sin interferencia de terceros», puedan abortar libremente. Asimismo, tendrán la posibilidad de abortar hasta la semana 22 si «existe grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada» o «riesgo de graves anomalías en el feto».

La ley también permite abortar en cualquier momento del embarazo si se detecten «anomalías fetales incompatibles con la vida» o cuando se descubra en el feto «una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico».

Uno de los puntos más polémicos de la Ley ha sido el apartado referido a las menores. Tras una enmienda presentada por el PNV, la norma establece que las chicas de 16 y 17 años podrán abortar sin el consentimiento paterno.

En cuanto a la información que deben recibir los padres, la ley fija que al menos uno de sus progenitores o tutores tiene que ser informado de la decisión, salvo «cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo».

Aído: convencida de que la ley es constitucional
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, afirmó hace unos días que el Gobierno está «plenamente convenido de la constitucionalidad» del texto de la nueva Ley del Aborto y afirmó que el recurso del PP ante el Tribunal Constitucional no les «sorprende» porque «lo hacen permanentemente con todas aquellas normas que suponen avances».

Manifestación de protesta
El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, dijo estar «profundamente satisfecho» por la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad e instó al Tribunal a suspender cautelarmente la entrada en vigor porque la aplicación de esta norma tiene efectos «absolutamente irreversibles».

La decisión del TC es constituye algo positivo pues «por lo menos no lo ha rechazado de plano».

«Espero que sean sensibles a los argumentos tan de fondo que hay para ello, como el carácter absolutamente irreversible de cualquier aplicación de la ley que se haga, porque un aborto no se puede deshacer; y el hecho de que esta ley, a diferencia de otras normas, tiene visos de ser inconstitucional», señaló el presidente del Foro.

Por su parte, la portavoz de Derecho a Vivir, dijo esperar que el  Tribunal «sea fiel a su propia doctrina de protección del nasciturus» y «se apruebe sin reservas y a la mayor brevedad la suspensión de la aplicación de la ley». 

El Foro de la Familia y Derecho a Vivir son dos de las organizaciones convocantes de una protesta que se llevará a cabo el próximo sábado frente a la sede del Tribunal Constitucional para exigir la suspensión cautelar de la entrada en vigor de la norma y su posterior declaración de inconstitucionalidad.