La hemeroteca retrata a quienes se ceban ahora con la Iglesia por el caso CajaSur

Los paralelismos son demasiado flagrantes como para no saltar a la vista.

En el editorial de El País del 30 de marzo de 2009, tras la intervención de Caja Castilla-La Mancha, no aparece el nombre de su presidente, Juan Pedro Hernández-Moltó, ni referencia alguna a que se trata de un importante dirigente socialista al mando de una caja al servicio de un gobierno autonómico socialista, ni se menciona para nada que la entidad tuviese unos gestores al frente. Casi parece que lo sucedido sea un fenómeno natural, como una tormenta o un terremoto.
 
En el editorial del diario de Prisa de este 23 de mayo, sin embargo, sí aparece el nombre de Santiago Gómez Sierra, presidente de CajaSur, así como su condición sacerdotal, y la circunstancia de ser una caja gestionada por la Iglesia católica.

Del mismo modo, y a pesar de que la intervención de Caja Castilla-La Mancha provocó la apertura inmediata de una línea de crédito de 9.000 millones de euros (de los que se emplearon 3.000 millones) mediante un Consejo de Ministros convocado sólo para eso el mismo domingo de la intervención, la descripción de lo sucedido no puede ser más neutra: «El desenlace pone de manifiesto que algo con lo que se contaba inicialmente ha fallado, invalidando las pretensiones de que los ajustes que esta crisis financiera va a exigir pudieran llevarse a cabo mediante operaciones entre operadores privados, con criterios de racionalidad, y sin intervención pública».

Comparemos el tono con el empleado este domingo hacia la intervención de CajaSur, que ha requerido una inyección de 550 millones de euros, seis veces inferior: «La moraleja, vista desde la calle, es sencilla: mientras los parados, los pensionistas y los funcionarios pagan las consecuencias de la crisis, el Consejo de Cajasur carga sobre el Estado la factura de su incompetencia.»

El caso de Luis Solana
Más flagrante aún es la comparación entre lo que dijo entonces Luis Solana, ex presidente de Telefónica en tiempos de Felipe González y hermano del socialista Javier Solana, y lo que dice ahora en El Plural. 

«Las Cajas -en general- tienen un nivel de morosidad importante. Es lógico: las Cajas han sido muy importantes en la financiación de los inmuebles. Y justamente es el mundo del inmueble el que está dejando de pagar lo que debe. Las Cajas -en principio- van a tener que afrontar más impagados por hipotecas que los bancos». Tan comprensivo juicio está formulado, por supuesto, en marzo del año pasado, referido a Caja Castilla-La Mancha. Como en el caso de El País, tampoco aquí parece haber gestores con responsabilidad alguna, sólo una leve crítica a la actitud de los gobiernos autonómicos.

Con CajaSur, Solana se pronuncia de manera muy diversa: «Ahora podemos pagar todos por las sinvergonzadas financieras de unos gestores chulescos de una Caja de Ahorros de Córdoba», escribe a las pocas horas de la intervención. Porque aquí sí que hay culpables con nombres y apellidos, que deben ir de inmediato «camino de la fiscalía» porque, según el autodenominado militante socialista, «todo les da lo mismo: lo importante es mantener un islote financiero de gestión eclesiástica (católica para más señas)».

La Iglesia, siempre culpable
Y es que la ocasión parece demasiado buena para dejarla pasar. Público, por ejemplo, titula su información «El ciudadano paga el rechazo de la Iglesia a fusionar CajaSur», que siempre suena menos poético que el titular consagrado por el diario cuando se celebró el primer aniversario de la intervención de Caja Castilla-La Mancha: «El protagonista al que todos los ojos miran», en referencia a Hernández Moltó, quien «intenta rehacer su vida profesional» y «prefiere ahora la vía silenciosa».

Claro que, como afirmaba Público el 29 de marzo de 2009, el problema de Hernández Moltó era que no había podido convencer «ni a Ibercaja ni a Unicaja de una fusión que hubiera podido evitar, o cuando menos retrasar, la que ha sido la primera intervención del Banco de España en una caja de ahorros». En el caso de Caja Sur, esa libertad para rechazar la fusión con Unicaja, al parecer, no existía, y censura la cerrazón de su consejo de administración, «dominado por la Iglesia».

Lo cual, a la vista de la diferencia de trato, está claro que para muchos era el verdadero problema.