El Gobierno plantea una normativa para ahogar la libertad de los centros concertados

Para estudiar, hay que trabajar la memoria. Y para entender las políticas educativas, también: a finales de 2003, el entonces candidato a la Moncloa, Rodríguez Zapatero, encarga a Cándida Martínez, a la sazón Consejera de Educación de Andalucía, que coordine el programa educativo con el que se presentará a las elecciones de marzo de 2004.

En una entrevista concedida al semanario Magisterio, Cándida Martínez traza dos banderas educativas si el PSOE gana las elecciones: ordenadores en las aulas y un modelo de escuela pública, laica e igualitaria. ¿Le suena? Y repite hasta en cuatro ocasiones una puntualización: a la escuela concertada «no quiero darle gran importancia, porque sé –como historiadora que soy– que es fruto de un acuerdo, de un pacto..., es coyuntural. Entiendo que ese pacto hay que mantenerlo ahora, pero no me parece que sea el modelo más adecuado. (…) Respetamos el acuerdo que se produjo en un momento histórico de la sociedad española sobre la enseñanza privada, pero eso no quiere decir que ése sea el modelo que se deba implantar. Desde nuestro punto de vista, desde luego no».

 

Hoy, Cándida Martínez es la portavoz de Educación del PSOE, una de las vocesde más peso en la política educativa del Gobierno, y adalid de una línea de actuación -en la que también milita la Secretaria de Estado, Eva Almunia– que ha dado lugar a un enfrentamiento interno entre la política de mano tendida del ministro Gabilondo y los planteamientos más ideológicos y radicales del socialismo de Almunia y Martínez.

 

Semejante introducción es imprescindible para entender el borrador que el Gobierno ha elaborado para abordar la reforma de los conciertos educativos, con el que marca la hoja de ruta para acabar con ese modelo coyuntural de escuela, que, sin embargo, supone el 25% de los centros españoles y que es elegido por millones de familias (aunque muchas no tengan acceso a estos centros, por falta de plazas).

 

Aunque oficialmente el Ministerio ha asegurado a sus interlocutores (asociaciones de padres, sindicatos y centros de enseñanza) que tal borrador no existe y que el texto se entregará en febrero, Alfa y Omega ha tenido acceso al documento sobre el que trabajan en Educación. De hecho, algunos sindicatos, como la Federación de Enseñanza de USO, ya redactaron un comunicado, en el mes de noviembre pasado, sobre la existencia del texto, que «afecta a más de cien mil trabajadores y a la estabilidad de sus puestos de trabajo». En el comunicado, FE-USO lamentaba que «el Ministerio de Educación afirma, una vez más, la hegemonía del Estado sobre las personas y las familias. Éstas quedan sumidas absolutamente en el olvido en este borrador, convertidas en meros convidados de piedra en la educación de sus hijos y, además, como simples clientes de unos servicios  educativos que se financian desde sus bolsillos como contribuyentes y que se les ofertan desde la negación práctica de la pluralidad escolar y de la libertad de elección de centro educativo». Y añadían: «La demanda social de las familias a la escuela concertada debe ser un factor decisivo en la concesión y renovación de los conciertos, y debería ser tenida en cuenta».

 

Aunque el Real Decreto por el que se regirán los conciertos educativos no es sino una ampliación de la LOE, que no trata especialmente bien a la escuela concertada, su actual redacción incorpora aspectos que, de aprobarse, causarán inestabilidad en los centros y privarán de libertad de elección a los padres. Éstos son los principales puntos calientes:

 

Hasta el momento, los conciertos educativos, una vez concedidos, se renovaban automáticamente como mínimo cada cuatro años, y como máximo, cada seis. Ahora, el Gobierno pretende modificar este aspecto para que el concierto se renueve cada año y, ojo al dato, dependan del presupuesto de la administración autonómica correspondiente. Es decir, que la Consejería de turno puede denegar la renovación de un concierto escolar alegando falta de presupuesto, un criterio que no rige para la escuela pública. Si alguien cree que no debería dudarse del poder político en este punto, recuerde un hecho significativo: a 48 horas de la toma de posesión de Alberto Núñez Feijoo, el ex Presidente de la Xunta, el socialista Pérez Touriño, firmó una de sus últimas resoluciones: dejar sin financiación a cinco colegios religiosos con más de 2.000 alumnos, sólo por ser de educación diferenciada.

 

Por si estar al albur de los caprichos del Gobierno autonómico de turno no genera suficiente inestabilidad en los centros privados que solicitan el concierto educativo como ayuda económica para los padres –que eso es, y no otra cosa, un colegio concertado–, por si no es suficiente, la LOE y el futuro Real Decreto imponen algo que ya se está desarrollando en algunos colegios, sobre todo andaluces (¿recuerdan a Cándida Martínez?): la presencia de un concejal (o, en su defecto, de un cargo político designado por el Ayuntamiento) en el Consejo Escolar del centro.
 

Aunque las relaciones con la Administración local son necesarias, y hasta los centros de titularidad estatal están sujetos a este control para ciertas actividades, pueden darse situaciones como la presencia de un miembro de ICV, IU o ERC (promotores de una reprobación parlamentaria a Benedicto XVI o de la retirada de crucifijos en las aulas) en la toma de decisiones de un colegio católico. La libertad de empresa que lleva a una entidad religiosa a abrir un colegio concertado se verá estrechamente intervenida, así, por un cargo político.

No, si hay plazas públicas

Los puntos anteriores afectarán a los conciertos ya concedidos. Pero, ¿qué pasa con los concertados que se vayan a crear? Pues que, en primer lugar, tendrán mucho más difícil el hecho mismo de poder erigirse: tanto en el artículo 27 del borrador como en su disposición adicional sexta, se vincula la asignación de nuevos conciertos a las «necesidades de escolarización» de la zona. Dicho de otro modo: si hay plazas escolares libres en los centros públicos, aunque las demandas de los padres se dirijan mayoritariamente hacia la enseñanza concertada y su ideario propio, la Administración no concederá la construcción de colegios concertados. El asunto no es baladí, porque en lo referente a la  construcción y mantenimiento de centros públicos, la LOE no señala las «consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia» que el borrador del Real Decreto estipula para los conciertos..., a pesar de que la Constitución se lo impone a toda la Administración en sus actividades.
 

Es decir: no habrá techo económico para ampliar las plazas de la enseñanza pública y sí lo habrá para las de la privada concertada, y por otro lado, la concesión de nuevos conciertos y la renovación de los existentes dependerá de que haya plazas libres en los centros estatales.

 

Pasar por alto las demandas de los padres e imponerles un centro público (y laico, según el modelo del PSOE, que obvia que la escuela pública debe ser neutra o, si no, atender al modelo más demandado por las familias) es algo que choca con el artículo 27.3 de la Constitución, que garantiza el derecho de los padres a que «sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Invocar este artículo no es casual, porque fue el que esgrimió, en mayo de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en un fallo que reconocía el derecho de los padres a elegir colegio, por encima de las necesidades de escolarización. Entonces, el TSJA criticó «el desfase entre el número de plazas y de candidatos a ocuparlas», y «la penosa realidad de unos niños a los que, pese al decir solemne de la Constitución, se les niega el derecho a iniciar sus estudios en el colegio que sus padres eligen, por falta de plazas bastantes».

 

Si esto fue en mayo, en septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña repetía el fallo en el caso de una niña a la que la Generalitat había denegado plaza en un concertado «por razones materiales y presupuestarias». Es decir, que la Justicia ha asegurado que ambos motivos –los que esgrime ahora el Real Decreto– son contrarios a los derechos constitucionales de padres y alumnos. De esto, claro, no se dice palabra en el borrador.

 

A pesar de que en el borrador no se menciona ni la objeción a una asignatura ni nada relacionado con símbolos religiosos, en los centros católicos hay quien se teme que alentar o permitir las objeciones a Educación para la ciudadanía, Ciencias para el Mundo Contemporáneo, o la educación sexual anunciada por el Gobierno; o mantener los crucifijos en las aulas, pueda ser motivo para que se revoque la financiación al centro. «La extinción del concierto educativo tendrá lugar cuando se produzca la reiteración de incumplimientos graves» de la ley, dice el borrador. Que el Gobierno considera una infracción objetar a EpC lo saben bien los padres objetores, que denuncian presiones de la Administración.

 

Respecto a los crucifijos, habrá que ver si la anunciada Ley de Libertad religiosa supone un punto más en esta hoja de ruta para acabar con la escuela católica. Que, para el sentir de algunos, no es sino algo coyuntural, ya se sabe...