Tras cuatro años de «matrimonio» gay: 10% de divorcios frente al 1% de heterosexuales

(Jorge Martínez-Pueyo/ReL) El presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), Eduardo Hertfelder, ha asegurado a ReL que las uniones homosexuales se caracterizan por su «gran temporalidad». «Los datos de divorcios entre homosexuales en estos cuatro años demuestran su carácter de inestabilidad frente a la estabilidad de las parejas heterosexuales», afirma. Los datos aportados por los colectivos de gays y lesbianas suelen ser fruto de una gran manipulación. El presidente de la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FLGTB), Antonio Poveda, asegura: «Creemos que podrían haberse celebrado entre 15.000 y 20.000 bodas» homosexuales desde 2005, fecha de la aprobación de esta ley socialista. Sin embargo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) se han formalizado 8.898 matrimonios de gays y 4.218 de lesbianas en estos cuatro años de vida de la ley de matrimonio homosexual. Cuando hablan del número de divorcios entre homosexuales comienzan los juegos lingüísticos. Según datos aportados por el Ministerio de Justicia, «sólo una de cada diez uniones homosexuales han terminado en divorcio o separación», frente al dato de 96.500 matrimonios heterosexuales rotos en los nueve primeros meses del año pasado. Desde IPF se aporta el dato de unas 130.000 parejas casadas heterosexuales que se divorciaron el pasado año. Teniendo en cuenta que existen 10 millones de matrimonios entre hombre y mujer, el porcentaje de divorcios se reduce al 1,3%, frente al 10% de los homosexuales (no se debe olvidar que «una de cada diez», el dato del Ministerio de Justicia, es un 10%). Para Eduardo Hertfelder, la explicación es sencilla: «El matrimonio heterosexual es un proyecto de vida común; un proyecto abierto a la vida que se vive durante toda la vida». Por el contrario, el «matrimonio homosexual es un proyecto de carácter temporal», declara a ReL. Fuentes no fiables Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas recogidos por la agencia Efe, seis de cada diez españoles aprueban hoy en día el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que supone, para el presidente de FLGTB una prueba de la aceptación que esta ley ha conseguido que se tenga sobre los matrimonios gays. Por su parte, el presidente del IPF declara que «no existen encuestas sobre estos datos» de aceptación social de la homosexualidad pero esto demuestra, para él, que «si ahora hay un 60% de españoles que aceptan el matrimonio entre homosexuales, en el momento de redactar y aprobar la ley habría sólo un 30 ó 40% de españoles a favor de la misma», aseguró. «Se aprobó la ley sin tener en cuenta a los cientos de miles de ciudadanos que salimos a la calle para apoyar a la familia», en referencia a la manifestación del 18 de junio de 2005 que intentó frenar el anteproyecto de ley. Para Eduardo Hertfelder, se trata, por tanto, de una ley hecha «de espaldas» a los ciudadanos y de «carácter regresivo» contra el matrimonio heterosexual, como muchas otras leyes del gobierno de Zapatero, que van «en contra de la familia, como la ley del divorcio express». Esperando la respuesta del Tribunal Constitucional Para Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia, la ley sigue siendo «innecesaria, injusta y posiblemente inconstitucional», por lo que confía en que sea derogada por el Alto Tribunal y el matrimonio vuelva a ser «una institución específica entre el hombre y la mujer». «Se ha visto que las cifras del Gobierno sobre presuntos aspirantes a este tipo de bodas eran irreales, pues se dijo que millones de personas esperaban la ley para regular su situación», opina Blanco. Antonio Poveda, sin embargo, considera que no se ha «destruido» el modelo de familia tradicional, como «advertían los sectores más ultraconservadores», sino que «lo único que ha pasado es que unas familias han conseguido el reconocimiento del Estado». «El único obstáculo que nos queda es el recurso del PP», señala el presidente de la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, y «lo vamos a ganar», añade. Algunos jueces también se sumaron al rechazo a la norma, reivindicando el ejercicio de la objeción de conciencia con el propósito de no tramitar los expedientes de matrimonio. El Tribunal Supremo rechazó esta posibilidad en mayo pasado.