Ya sólo queda el Rey, como último escollo, para que la Ley del Aborto entre en vigor

El Pleno del Senado ha dado luz verde por 132 votos a favor, 126 en contra y una abstención al proyecto de Ley de Reproducción Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, más conocida como Ley del Aborto. Al no haber sufrido modificaciones, ha sido aprobado sin necesidad de volver al Congreso.

R.R./ReL

24 febrero 2010 00:00

El texto se enfrentaba a tres vetos que no han prosperado y a 88 enmiendas parciales de los distintos grupos. Así, el proyecto de ley concluye su trámite parlamentario y será enviado, tal como se aprobó en el Congreso, al Boletín Oficial del Estado para su publicación. Entrará en vigor a los cuatro meses de dicha publicación, para lo cual se necesita la prescriptiva sanción real.

Vetos
Los vetos de PP y UPN obtenían 134 votos en contra, 126 a favor y dos abstenciones (de Coalición Canaria), mientras que el veto impulsado por el senador de Unió (UDC-CDC) era rechazado por 132 votos en contra, 128 a favor y dos abstenciones.

El PP acusa al gobierno de «imponer el aborto libre»

La portavoz de Igualdad del PP en el Senado, Carmen Dueñas, acusó al Gobierno socialista de «imponer el aborto libre» a la sociedad española y de despreciar «la voz de los ciudadanos», quienes «mayoritariamente rechazan» el proyecto de ley del Ejecutivo.

Asimismo, censuró al Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero por querer «acabar con uno de los pilares de la sociedad española como es la familia» y por «desproteger la vida». «Ya que están acabando con el presente de este país, no acaben con su futuro», aseveró.

Además, criticó que la ley «libere al hombre de sus responsabilidades» y apueste «por el drama del aborto en vez de apostar por la maternidad». «Y a esto lo llaman ustedes avance histórico, avance social, progresismo y feminismo, y si esto es algo es feminismo retrógrado y trasnochado», enfatizó.

«No existe el derecho a causar un mal objetivo»

Por su parte, el senador de Unió (UDC-CiU) Jordi Casas señaló que «no existe el derecho a causar un mal objetivo», como es impedir que nazca el feto, y acusó al Gobierno de llevar a cabo esta reforma «sin diálogo y sin voluntad de llegar a acuerdos».

Casas manifestó que con esta ley «difícilmente» descenderá el número de abortos, que este no es un debate entre «derechas e izquierdas» y que «el Estado no debe inmiscuirse» en estos asuntos «menoscabando la patria potestad» al permitir que las menores puedan abortar sin conocimiento de sus padres.

A su vez, la diputada de UPN, María Caballero, aseguró que la ley es inconstitucional y recordó que los principales órganos consultivos del país han mostrado sus discrepancias. Al igual que el PP y Unió, Caballero destacó que la norma no incluye ni una sola medida que apoye a la mujer para que siga adelante con su embarazo.

El parlamentario del Partido Aragonés, José María Mur, votó «libremente» a favor de devolver el texto al Gobierno y vaticinó que dentro de unos años el PSOE, como ocurre ahora, volverá a traer una nueva reforma de la Ley del Aborto, que «será la prueba de que ésta ha sido un fracaso». Mur manifestó que no entiende que los grupos impongan disciplina de voto en un asunto que afecta a la conciencia de las personas.

Mensaje victimista del PSOE

La senadora y secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, celebró que esta ley «ponga fin» a la «deuda pendiente» a su juicio tenía la sociedad con las mujeres. «Las mujeres que no compartan la norma no harán uso de ella, pero las que quieran hacerlo no podemos ni debemos impedírselo», subrayó.

Pajín, que se estrenó con esta norma en la tribuna del Senado, dijo que ante los más de 100.000 abortos anuales se puede «mirar hacia otro lado y reducir las ayudas que se destinan las organizaciones que practican la educación sexual, como hacen las comunidades gobernadas por el PP, o una actitud rigurosa y realista que permita abordar el debate con sentido de la responsabilidad».

En este contexto, dijo que «llama la atención» el «doble rasero» de los «populares» a la hora de juzgar la responsabilidad de los menores, ya que por un lado se oponen a que puedan tomar decisiones en la interrupción del embarazo pero por otro «quieren que se les juzgue y condene como adultos».

La senadora del PSC María Assumpta Baig justificó el voto favorable del grupo de la Entesa argumentando que este proyecto de ley ofrece información y educación que permite la prevención de embarazos no deseados.

Desde las filas del PNV, Miren Lore Leanizbarrutia aseguró que la norma ha sido mejorada en el trámite parlamentario y agregó que «la mejor ley será la que no exista» porque no haya nadie que se vea en esa situación.

Mientras, el senador socialista Arturo Bagur, adscrito al Grupo Mixto, esta ley reconoce «un derecho a la maternidad libremente decidida» y no obliga a nadie a abortar. El senador independiente navarro, Francisco Javier Tuñón, apoya la ley porque considera que una mujer embarazada debe tener la oportunidad de «decidir si quiere continuar o no con ese embarazo». Además, dijo que la sanidad pública navarra debe garantizar esta prestación.