¿Qué Educación Cívico Constitucional necesitamos?

Antes de que la última reforma educativa del gobierno socialista (la LOE) desarrollara su proyecto ideológico, la neutralidad del sistema educativo había sido respetada incluso en la asignatura de Ética que se daba en la LOGSE. A pesar de pretender colaborar para que los alumnos profundicen en su concepción moral, desde las primeras líneas del currículo quedaba explícitamente clara la neutralidad ideológica y moral:

“…tratando de desarrollar en los alumnos la capacidad crítica y argumentativa de un modo eminente y evitando cualquier forma de adoctrinamiento moral, político y religioso” (REAL DECRETO 3473/2000, BOE del 16 de enero de 2001, p. 1852).

Es decir, pretendía enseñar Ética y no una ética; pretendía hacer reflexionar sobre las teorías éticas y no construir la conciencia moral de los alumnos desde los supuestos de una teoría ética concreta. Exactamente lo contrario de lo que pretendía Educación para la Ciudadanía (EpC).

EpC se había implantado en España excusándose en la recomendación (2002)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Sin embargo todos y cada uno de los objetivos propuestos en esta recomendación ya se estaban desarrollando en España ¡desde hacía un año en la LOGSE!, (cfr. BOE supra). Era evidente que la intención iba más allá de la recomendación europea y así lo reconocían sin tapujos los redactares del borrador de EpC:

“La entrega a una determinada confesión de la formación de los alumnos en valores éticos y cívicos específicos ha sido practicada y deseada por la derecha conservadora siempre que ha podido” (borrador de EpC de la Fundación CIVES, p. 4).

“El Estado debe adoptar una actitud activa y positiva, incompatible con la entrega exclusivista a una confesión o a un partido determinado de la formación en tales valores a todos los alumnos, o a una parte de los mismos” (ibíd.).

Se trataba pues de contrarrestar los efectos de un determinado modelo moral con otro modelo moral. Leemos en el Decreto de EpC de secundaria: “centrándose la Educación ético-cívica en la reflexión ética que comienza en las relaciones afectivas con el entorno más próximo para contribuir, a través de los dilemas morales, a la construcción de una conciencia moral cívica” (BOE de 5 de enero de 2007, p. 716).

Si el franquismo impuso su propia visión ética desde una dictadura, ahora un gobierno democrático estaba llevando a cabo la misma imposición ética pero de signo contrario. Esta “construcción de la conciencia moral” se llevaba a cabo según los Reales Decretos (al margen de la política comercial que siguieron algunas editoriales evitando contenido escabrosos) intentando entrar en la conciencia ética personal (pp. 688, 715, 717, 718 y 720), el control sobre los sentimientos y emociones (pp. 718 y 720), la configuración de las actitudes personales (p. 717), la toma de decisiones éticas de forma supuestamente autónoma (p.716). Y todo ello amparado por el artículo 17 c. de la LOE que sentencia que “debe proporcionarse a los alumnos las habilidades necesarias para desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar”. Leyendo el currículo de la asignatura se puede rastrear un modelo ético fundamentado en el relativismo moral –que socava los principios de una ética natural- el positivismo jurídico y la ideología de género. Es decir, cualquier cosa menos neutralidad ideológica. Pero, además, es una intromisión descarada en la educación moral del ámbito familiar.

Sobradamente conocida es la admirable reacción social que consiguió movilizar a miles de padres que se enfrentaron con coraje a la imposición ideológica. Es de reconocer, una vez más, la labor admirable de un buen número de asociaciones civiles que desde distintos criterios o métodos presentaron una batalla que sirvió de apoyo al esfuerzo de tantos y tantos padres que sufrieron lo indecible para oponerse a este proyecto ideológico.

Por todo ello es de celebrar con prudente alegría la noticia que hace pocos días nos daba el actual ministro de Educación de que EpC sería sustituida por otra materia que, según ha dicho, estará "libre de cuestiones controvertidas y de adoctrinamiento ideológico".

Pues bien, ¿qué condiciones debería entonces tener esta nueva materia? De entrada ya suena mal incluso decir que EpC será sustituida por una Educación Cívico Constitucional, no porque no se pueda dar una materia noble (aunque bastante aburrida) con ese nombre, sino porque parece que en España no hemos superado los idealismos del s. XIX y no sabemos hablar de formación ética sin adoctrinar para la derecha o para la izquierda. Pero concediendo que podamos dar una materia similar deberían respetarse al menos los siguientes elementos:

-Llevar a cabo esta reforma sin demoras.

-Declarar explícitamente la neutralidad ideológica tal y como se hizo en la Ética de la LOGSE. Y eliminar cualquier criterio que conlleve directa o indirectamente a la construcción de la conciencia moral del alumno tal y como pretendía EpC y he señalado más arriba.

- Dejar en 4º ESO una materia similar a la que hubo en LOGSE con una orientación eminentemente crítico-racional (es decir, filosófica) y no doctrinal ni actitudinal.

- Devolver a la Filosofía y Ciudadanía de 1º de bachillerato su programa estrictamente filosófico: es decir quitarle el lastre de “ciudadanía” que es lo que, de hecho, hacemos la inmensa mayoría de docentes (aunque a mí me gusta, además, decirlo públicamente y dárselo por escrito a mis alumnos).

- Eliminar por completo EpC en primaria y en el primer ciclo de secundaria para dejarlo como materia transversal. No solo se trata de evitar a los menores un bodrio insípido, sino que es necesario poder mejorar la presencia de materias básicas como la lengua o las matemáticas. Si en Europa se da una materia semejante a EpC, solo en España se ha dado en cuatro niveles diferentes (!).

- Y por último y no menos importante, atender las necesidades de los alumnos objetores que se encuentran en situación académica comprometida.

Si algo hemos aprendido en los últimos años es que los padres no pueden ya descansar fiándose ciegamente del sistema educativo. Por eso, padres y asociaciones educativas debemos seguir vigilantes para verificar que esta prometida reforma respete realmente la prioridad de los padres sobre el Estado en la educación moral de sus hijos dentro de los límites de la Constitución Española.