¿Para qué educación cívica y constitucional?

Hay que recordar que durante más de 25 años la educación española ha estado lastrada por los dogmas educativos socialistas que, en lugar de buscar la mejor formación de los alumnos, ha buscado como objetivo fundamental transformar la sociedad a su imagen y semejanza ideológica, con los resultados conocidos por todos: un fracaso y abandono escolar que casi alcanza el 30% (el doble de la media de los países de la OCDE), situándonos a la cola de los países desarrollados, como periódicamente nos recuerda PISA y otros informes internacionales.

La tendencia a usar la educación con fines político partidistas ha sido una constante de los partidos de izquierda en muchos países y, en el caso de España, llegó al colmo del adoctrinamiento con la instauración de la materia de EpC por el desastroso anterior presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, que pretendió usurpar a los padres su derecho preferente a educar a los hijos según sus convicciones y principios morales, filosóficos o religiosos (art. 27 C.E.) sustituyéndolo por la moral del estado, en este caso, por el llamado gráficamente “catecismo socialista”. Por eso, no es de extrañar las reacciones de algunos políticos, sindicatos y asociaciones de padres de la órbita del PSOE que, atreviéndose a negar lo evidente –el amplio rechazo social a EpC- se han apresurado a calificar la supresión de EpC como un paso atrás en la educación ya que, obviamente, suprime su proyecto de ingeniería social que pretendía imponer a todos los estudiantes sin respetar su libertad de conciencia.

Alguna de las voces que protestan la desaparición de EpC se atreven a solicitar la supresión de la asignatura de religión –posiblemente buscando sembrar confusión- olvidando que es de elección voluntaria para las familias mientras que EpC se impuso por ZP de forma obligatoria para todos los alumnos, dando lugar a la mayor y más larga oposición social de la historia de la democracia española, liderada en buena medida por CONCAPA y muchas otras asociaciones.

Con la reforma anunciada por el ministro Wert asistiremos a la creación de otra asignatura, -con el consiguiente coste de recursos- que aunque no tenga contenidos sectarios o doctrinarios, nada aporta a nuestros estudiantes porque el simple hecho de que los valores –sean o no constitucionales- no se aprenden de forma teórica sino, en todo caso, de forma transversal teniéndolos presentes en todas las asignaturas. Mejor hubiera sido dedicar esas horas y recursos a recuperar la recortada asignatura de filosofía o a reforzar las matemáticas, la lengua o el inglés, mejorando el pésimo nivel de nuestros estudiantes pero, tal vez, la prudencia política lo ha hecho imposible.