Tres votos particulares
La comisión que creó Zapatero decide que hay que sacar a Franco del Valle de los Caídos
Con el Gobierno ya en funciones llega la última de las decisiones inspiradas por el Ejecutivo socialista para resucitar el guerracivilismo.
La llamada comisión de expertos constituida el pasado 27 de mayo para determinar el destino final de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos ha emitido su informe a menos de veinte días de que el nuevo Gobierno salido de las urnas el pasado 20 de noviembre tome posesión.
El comité ha determinado que los restos del que fuera jefe de Estado de España entre los años 1936 y 1975, Francisco Franco, deben abandonar la Basílica, lo que según el mismo comité, no debe hacerse sin que se alcance previamente el consenso parlamentario, y con la autorización de la Iglesia, autoridad competente al tratarse de un lugar de culto, y de la familia. La razón aludida para recomendar el traslado es que se trata de “la única persona enterrada allí que no falleció durante la Guerra Civil”.
El acuerdo no se ha tomado por unanimidad, al presentar tres de los componentes de la comisión, Pedro González Trevijano, Miguel Herrero de Miñón y Feliciano Barrios un voto particular. Pedro González Trevijano ha expuesto las razones de su voto particular resumidas en tres: el carácter de la Basílica, reconocida por la ley como un espacio de culto; el tratarse del traslado de un jefe de estado por razones políticas, algo “sin precedentes en los países de nuestro entorno”, y que, finalmente, la decisión “serviría más para separar que para unir”.
Por lo que hace a los restos de José Antonio Primo de Rivera, sepultados igualmente en la basílica, la comisión ha recomendado su conservación en ella, aunque trasladándolos a un lugar menos preminente. Como se recordará, los restos del fundador de la Falange reposan detrás del altar, en tanto que los de Franco, cuyo sepelio en la Basílica el día 21 de noviembre de 1975 estuvo presidido por el nuevo jefe de Estado el Rey Don Juan Carlos, reposan justo delante.
La comisión ha llamado también la atención sobre el lamentable estado del monumento, reclamando que se habiliten las partidas necesarias para su restauración, señalando que en el lugar “están enterrados 33.847 españoles muertos en la guerra a los que debemos memoria y respeto, sea cual sea el bando en el que estuvieran luchando. Los españoles tenemos una obligación moral con estas personas, que están hermanados e igualados en la muerte”.
El comité ha determinado que los restos del que fuera jefe de Estado de España entre los años 1936 y 1975, Francisco Franco, deben abandonar la Basílica, lo que según el mismo comité, no debe hacerse sin que se alcance previamente el consenso parlamentario, y con la autorización de la Iglesia, autoridad competente al tratarse de un lugar de culto, y de la familia. La razón aludida para recomendar el traslado es que se trata de “la única persona enterrada allí que no falleció durante la Guerra Civil”.
El acuerdo no se ha tomado por unanimidad, al presentar tres de los componentes de la comisión, Pedro González Trevijano, Miguel Herrero de Miñón y Feliciano Barrios un voto particular. Pedro González Trevijano ha expuesto las razones de su voto particular resumidas en tres: el carácter de la Basílica, reconocida por la ley como un espacio de culto; el tratarse del traslado de un jefe de estado por razones políticas, algo “sin precedentes en los países de nuestro entorno”, y que, finalmente, la decisión “serviría más para separar que para unir”.
Por lo que hace a los restos de José Antonio Primo de Rivera, sepultados igualmente en la basílica, la comisión ha recomendado su conservación en ella, aunque trasladándolos a un lugar menos preminente. Como se recordará, los restos del fundador de la Falange reposan detrás del altar, en tanto que los de Franco, cuyo sepelio en la Basílica el día 21 de noviembre de 1975 estuvo presidido por el nuevo jefe de Estado el Rey Don Juan Carlos, reposan justo delante.
La comisión ha llamado también la atención sobre el lamentable estado del monumento, reclamando que se habiliten las partidas necesarias para su restauración, señalando que en el lugar “están enterrados 33.847 españoles muertos en la guerra a los que debemos memoria y respeto, sea cual sea el bando en el que estuvieran luchando. Los españoles tenemos una obligación moral con estas personas, que están hermanados e igualados en la muerte”.
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