El Quintillo: un desconocido "tren de la muerte" en la Extremadura roja

Quien aborde el estudio histórico del terror desencadenado por los frentepopulistas en la zona por ellos controlada desde julio de 1936, puede constatar fácilmente que una gran parte de los millares de víctimas ocasionadas pasaron antes de su asesinato por centros de reclusión, bien oficiales o improvisados en calidad de prisiones habilitadas al efecto. Las más conocidas de estas últimas —aunque no las únicas— fueron las “checas”.

En el caso de la localidad extremeña de Castuera (Badajoz) los datos son elocuentes al respecto: de un total de ochenta y cinco asesinatos aquí cometidos entre el 25 de julio de 1936 y el 23 de julio de 1938, la inmensa mayoría (82%) se cometieron como resultado de las llamadas “sacas” es decir, extracciones de grupos numerosos de detenidos procedentes de los lugares habilitados como prisión que costaron la vida a setenta personas mientras que apenas un 16% fueron “paseos” o muertes aisladas y solamente en un caso se puede hablar de una cierta intervención judicial al haber comparecido previamente el luego asesinado ante el Tribunal Popular aquí instalado.

Las “sacas” se llevaban a cabo con un gran despliegue de medios. Volviendo al caso de la localidad extremeña citada, puede hablarse de la participación de las autoridades locales así como de un contingente de milicias y guardias de asalto a las órdenes de sus respectivos mandos. El mito de la espontaneidad en la violencia revolucionaria resulta así insostenible y únicamente se puede hablar de “asesinatos irregulares” por carecer de toda norma jurídica no por haberse llevado a cabo sin la anuencia de los dirigentes. Como afirma José Javier Esparza, la “saca” forma parte de una estrategia deliberada de exterminio en la que “la autoridad política o policial programa el secuestro y asesinato periódico de reclusos a cargo de fuerzas controladas por el propio poder” (El terror rojo en España, Madrid: Áltera, 2007, p. 146).

 

Que nunca están claramente delimitadas las fronteras entre las diversas modalidades que presenta el terror practicado en los centros de reclusión frentepopulistas, lo demuestra la conjunción de fuerzas que intervienen en sucesos como el que vamos a presentar en este artículo y en el que se dan la mano la autoridad política (responsable de las órdenes de detención, de la seguridad en las cárceles y de la apariencia legal de la represión), mando militar (inductor y ejecutor de los hechos criminales, en buena parte para vengar la impotencia de sus propias derrotas) y fuerza revolucionaria (es decir, los comités que protagonizan la movilización política en la retaguardia). Como afirma el autor citado, y se comprueba en el caso de Castuera: “por poner un ejemplo muy común, cuando una partida de milicianos invade una cárcel y asesina a dos docenas de reclusos, se hace imposible saber si ha actuado a las órdenes de una autoridad política o militar, si lo ha hecho como fuerza revolucionaria o como todo eso a la vez. Lo único que se sabe es que algún comité ha autorizado o promovido la operación” (ob.cit., p. 147).

 

Como antes apuntábamos, las “sacas” de presos requieren la decisión de cometer el crimen, la selección de las víctimas sin someterlas —generalmente— a ningún simulacro de juicio previo, que alguna autoridad consienta u ordene la excarcelación y, finalmente, que ésta se lleve a cabo y los presos sean asesinados sin que nadie lo impida ni pretenda castigarlo con posterioridad.

Los "trenes de la muerte" 

A veces los ejecutores, organizan traslados de presos a larga distancia antes de proceder a matarlos, práctica ésta general en toda la retaguardia revolucionaria, aunque probablemente fuera Madrid y su provincia el lugar en el que fueron concentrados más detenidos procedentes de diversos lugares. Como es obvio, estas prácticas requieren un control de las comunicaciones y de los medios de transportes así como una organización previa para facultar los traslados. Todo ello resulta incompatible con cualquier explicación de la violencia a partir de una presunta espontaneidad o desbordamiento de las autoridades por parte de elementos incontrolados.

Un claro ejemplo de lo que decimos es la reiteración en diversos puntos de los llamados “trenes de la muerte”: “los detenidos son sacados de la cárcel y expedidos en un tren; en un determinado momento del trayecto, el tren se detiene y los presos son asesinados” (ob.cit., p.164). El caso más conocido es el de los presos traslados desde Jaén y fusilados en Madrid los días 11 y 12 de agosto pero el propio autor a quien venimos citando aduce otros episodios ocurridos en las provincia de Ciudad Real así como el protagonizado por la expedición de presos procedentes de Castuera y asesinados en las proximidades de la estación de ferrocarril denominada “El Quintillo”.

 

En sustancia, los hechos se desarrollaron así: al producirse la llegada de una columna de milicianos procedentes de Huelva, que ya habían participado en numerosos hechos vandálicos y asesinatos, exigieron del Comité del Frente Popular la entrega de los presos de derechas. Presionados por el avance nacional, dichas fuerzas habían salido de la zona de Jerez de los Caballeros el 19 de agosto y, atravesando terreno enemigo, llegaron a Castuera donde hicieron entrega al diputado socialista Sosa de 25 cajas y dos camiones y abundante material de guerra (cfr. La Vanguardia, Barcelona, 20 de septiembre de 1936, p.9). José Sosa había llegado a Castuera al frente de otra columna de milicianos —cuyo mando compartía con el también diputado socialista Zabalza— huyendo del avance nacional desde Sevilla hacia Madrid. En los meses sucesivos tendrá una relevante actuación al frente de los organismos aquí constituidos por los revolucionarios (Cfr. José Ignacio Rodríguez Hermosell, “José Sosa Hormigo o el tenue latido del exilio extremeño en México”, Revista de Estudios Extremeños 63-3 (2007), p. 1205).

 

Las exigencias encontraron respuesta positiva y la noche del 21 de agosto de 1936 tuvo lugar en el Ayuntamiento una reunión del Comité en la que se elaboró una lista de veinticuatro personas que se encontraban detenidos previamente. Un testigo presencial recuerda cómo esa misma noche, desde los balcones del Ayuntamiento —que estaba encima de la cárcel— uno de los miembros del comité le gritaba al carcelero que registrara bien las cestas de la cena llevadas por los familiares.

 

Ignoramos el motivo de la cifra pero sí podremos comprobar que en la selección se tuvieron en cuenta criterios arbitrarios desde el punto de vista de cualquier responsabilidad penal aunque todos ellos eran claramente discrepantes con la situación creada por el Frente Popular. Basta señalar el hecho de que siete de los componentes de la saca aparecen en una lista que se utilizó en el ayuntamiento y que contenía la “Relación de donantes en la suscripción abierta en este ayuntamiento para premiar a la fuerza pública que tomó parte en al represión del movimiento subversivo de 6 de octubre”, en alusión a la Revolución socialista-separatista de 1934 controlada en aquella ocasión por el Gobierno Republicano. Siete más de los mencionados en la lista fueron fusilados en otras ocasiones.

 

Por otra parte, aunque en Castuera había triunfado el Alzamiento desde el 20 de julio y algunos de los presos había participado en la defensa de la localidad frente al ataque protagonizado el 24 y 25 de julio por fuerzas de Asalto y paisanos armados a las órdenes del capitán Rodríguez Medina, las órdenes de detención puestas en práctica en la retaguardia frentepopulista pueden considerarse al margen de cualquier referencia jurídica —como ha demostrado convincentemente Antonio Manuel Barragán Lancharro— porque se llevaron a cabo por mandato de los respectivos alcaldes, que estaban legitimados para ello por la Ley de Orden Público, pero la intervención de elementos ajenos a la estructura del Estado, la manera en que tuvieron lugar estas detenciones en la mayoría de los lugares y al trato que recibieron los presos en estos primeros días bastan para comprobar cómo estamos ante una manifestación más del colapso revolucionario provocado por unas milicias que habían recibido armas y patentes de autoridad por parte de las autoridades y representantes del Estado (Cfr. Antonio Manuel Barragán Lancharro, “Fuente de Cantos, julio de 1936: Análisis crítico de los sucesos ocurridos al inicio de la Guerra Civil”, Actas de la VII Jornada de Historia de Fuente de Cantos, Badajoz: Lucerna - Asociación Cultural de Fuente de Cantos, 2007, p. 55-93). Además, los defensores de Castuera no hicieron frente a fuerzas armadas o de seguridad en el cumplimiento de sus funciones de orden público sino a una masa armada —de la que formaban parte algunos guardias de asalto— por iniciativa del Gobierno frentepopulista en contradicción con las disposiciones legales de la propia República.

 

A la mañana siguiente, los veinticuatro presos previamente escogidos, fueron llevados a la Estación de Ferrocarril y montados en un tren que salía con dirección a Madrid; pasada la estación o apeadero ubicado en un descampado y denominado “El Quintillo”, en el kilómetro 340 de la vía férrea, les obligaron a bajar y recibieron varios disparos en las piernas. Al caer al suelo, los rociaron con gasolina, prendiéndole seguidamente fuego y quemándolos cuando aún estaban con vida. Finalmente terminaron de incinerarlos con leña de la dispuesta para servicio de una caseta del ferrocarril. Ocurría todo esto aproximadamente a las nueve de la mañana del 22 de agosto.

 

Lo dramático de la escena fue corroborado con posterioridad por varios testigos así como por algunos de los que organizaron una comida con unos pollos previamente requisados en uno de los cortijos de los alrededores y que relataron lo ocurrido.

 

Los milicianos trasladados en el tren, continuaron su camino y protagonizaron unas tareas represivas caracterizadas por su crueldad e intensidad en el Madrid sometido al Frente Popular. Tal es el caso de los numerosos asesinatos cometidos en la checa instalada en la calle Santa Engracia nº 18 y en la 77 Brigada Mixta, unidad de carácter anarquista formada sobre la base del batallón “Spartacus” y diversas milicias andaluzas y extremeñas (La dominación roja en España, Madrid: Ministerio de Justicia, s.a., p. 299-300).

 

La identidad de las víctimas
Aquel 22 de agosto fueron asesinados los siguientes vecinos de Castuera:

 

Pedro Borrachero Romero (29) secretario judicial

León Caballero García (36) herrero

José María Caballero García (43) industrial

Diego Carrasco Fernández-Blanco (31) abogado

Francisco Carrasco Fernández-Blanco (45) propietario

Hipólito de la Cruz Benítez-Donoso (30) abogado

Víctor de la Cueva Godoy (39) abogado

José Delgado López (39) industrial

Mariano Donoso Pozo (46) industrial

Rosendo García Casasayas (32) industrial

José Manuel Gómez Moreno (26) veterinario

Advianor González Cabanillas (18) herrero

Andrés Helguera Muñoz (52) párroco

Francisco Holguín Fernández (21) empleado

Juan León Domínguez (56) gerente minas

Manuel Marín Morillo (36) propietario

Julián Mendoza Tena (29) panadero

Julián Morillo Cabanillas (21) empleado gasolinera

Pablo Morillo Tena (37) secretario judicial

Camilo Salamanca Jiménez (48) administrador tabacos

José Sánchez Mora (45) guarda

Alberto Somoza de la Cámara (20) estudiante

Luis de Tena-Mora Acedo (35) oficial juzgado

Manuel de Tena-Mora Acedo (44) procurador

 

Se trataba por lo tanto de un grupo de personas vinculado a unas modestas clases medias, en su mayoría pequeños industriales, empleados o funcionarios pero entre los que figuran algunos de los elementos más representativos de la vida local que ahora los revolucionarios trataban de extirpar. Tal es el caso del Cura Párroco, de los hermanos del jefe provincial de Falange Española de las JONS —Diego y Francisco Carrasco—, dándose la circunstancia de que este último había sido alcalde entre 1934 y febrero de 1936, del presidente de la Adoración Nocturna —Víctor de la Cueva—, del presidente de la Juventud de Acción Católica —Hipólito de la Cruz— y de un grupo de personas vinculado a la administración de justicia.

 

Queremos referirnos, por último, al caso de Camilo Salamanca, probablemente una de las personalidades más emblemáticas de la transformación y mejoras experimentadas por Castuera en la década de los veinte, cuando estuvo el frente de la alcaldía. El propio Camilo Salamanca desempeñó por segunda vez el cargo de alcalde de Castuera a partir de 1931 pudiendo ser considerado con toda propiedad el primer alcalde de la Segunda República en esta población. Solamente después del enfrentamiento con los socialistas locales, una vez producida la deriva revolucionaria del PSOE, se explican hechos como el asesinato de Camilo Salamanca que había compartido actos públicos con dirigentes socialistas tan destacados como lo fueron Antonio Navas y Basilio Sánchez [cfr. la información publicada en La Voz Extremeña (Badajoz) (7 de mayo de 1931)].

 

En esas fechas de 1931 Camilo Salamanca era alcalde de Castuera con el socialista Basilio Sánchez como teniente de alcalde; en agosto de 1936 el primero fue quemado vivo cuando ocupaba la alcaldía Basilio Sánchez; terminada la guerra, éste fue sometido a consejo de guerra y ejecutado en Almendralejo en septiembre de 1940. Circunstancias de este tipo resultan muy reveladoras de las vicisitudes sufridas por la política local y de la deriva experimentada por una República que, si pudo representar un signo de esperanza en algún momento, pronto acabó al servicio del proyecto totalitario fraguado en torno al Frente Popular.

 

Podemos concluir comprobando cómo en uno de los más dramáticos episodios de violencia desencadenados en la Extremadura roja se dan cita los cuatro elementos que, a juicio de José Javier Esparza, caracterizan al terror rojo en España durante la Guerra Civil (ob.cit., p. 22): el número elevado de víctimas de las matanzas, la implicación de las autoridades del Estado republicano y de los partidos políticos del Frente Popular, el ensañamiento sobre las víctimas —en este caso quemados vivos— y el despojo y saqueo de los asesinados y de sus familiares que, además, se vieron desposeídos de bienes y propiedades.