De la posible abolición del Acta que prohibe a un católico reinar en Inglaterra
por Luis Antequera
Tal vez sea por la boda el próximo día 29 del segundo en la línea de sucesión a la Corona de Inglaterra, el Príncipe Guillermo con su novia de toda la vida Kate Middleton... el caso es que se repone estos días sobre la mesa de debate en el Reino Unido uno que viene aleteando hace ya algún tiempo y que afecta de lleno a la vigencia de la que se da en llamar Act of Settlement o Ley de Instauración de 1701. Una ley que fue aprobada en una especialísima circunstancia de la Corona inglesa y que buscaba solucionar una comprometida sucesión al trono sometida a mil dificultades.
Acontecía que el Bill of Rights de 1689 que ponía fin a la llamada Revolución Gloriosa, concluía que la huída del católico Jacobo II de Inglaterra a Francia debía considerarse como un acto de abdicación, y decretaba que, en situación tal, heredaba el trono, en detrimento de quien tenía los mejores derechos, su hijo Jacobo criado en Francia e hijo de la católica María de Módena, su también hija pero de su primer matrimonio con Ana Hyde, María, educada en el protestantismo y casada con el también protestante Guillermo de Orange. Establecía el mismo Acta que a la muerte de los reyes, los cuales reinarían conjuntamente como María II y Guillermo III, heredarían el trono, por este orden, o los descendientes de María, o los de su hermana Ana, que le sucedió en el trono, o los que pudiera haber en un segundo matrimonio Guillermo de Orange.
El caso es que de los tres, sólo Ana suscitó descendencia, y escasa: un niño que vino a morir a sus tempranos once años de edad, por lo que en 1700 se reabre el debate para la provisión de un heredero a la Corona inglesa. Una sucesión que venía agravada por las pretensiones que sobre el trono tenía el depuesto Jacobo II, vivo aún durante un año, y sus descendientes, uno de los cuales, el Jacobo del que hablábamos arriba, hasta llegó a ser reconocido como Rey de Inglaterra por el francés Luis XIV.
Ante la complejidad de la situación, el Parlamento vota en 1701 el que se da en llamar Act of Settlement, cuya principal pretensión no era otra que la que ya tuvo el Bill of Rights de 1689: garantizar que la corona fuera a parar a un protestante(1), cosa que se consiguió nombrando rey al Príncipe Elector de Hannover, casado con Sofía de Hannover, nieta de jacobo I de Inglaterra, el cual reinará como Jorge I, y ello aún a pesar de su escaso conocimiento de la vida insular: por no conocer, no conocía ni el idioma.
Volviendo al debate que se abre hoy en el Reino Unido, dos son las disposiciones del Act of Settlement que suscitan el mayor disenso. Por un lado, la preminencia que establece del varón sobre la hembra a la sucesión de la corona. Por otro, la que da título a este artículo, a saber la imposibilidad de que el titular de la Corona británica pueda ser católico él mismo o estar casado con una católica, caso que, por cierto, podría ser el de Carlos de Inglaterra.
“Artículo II. Las personas que pudieran ser herederos [de la Corona] por virtud de este acta que se hallen en comunión con la Iglesia de Roma, son incapacitadas para ello por la presente Acta para jurar dicha coronación”.
Incapacidad que se hace extensiva no sólo a quien no sea protestante, sino también a quien pueda casar con un católico, al afectar a todo aquél “que esté o pueda estar en el futuro reconciliado o en comunión con la Sede o Iglesia de Roma, o profese la religión papista, o pueda casar con un papista”.
Una discriminación que, como se ve, afecta sólo a católicos, y que, en principio, no impediría a un heredero a la corona inglesa casarse, por ejemplo, con un judío/a o un musulmán/a.
Por cuanto tiene que ver con esta segunda discriminación, la que interesa a nuestro análisis, la cuestión es problemática. De hecho, el actual Primer Ministro británico David Cameron ya ha advertido de que los cambios en las leyes de sucesión británica “podrían llevar años”. Entre otras cosas, porque, como es conocido, el soberano inglés no lo es sólo de los restantes componentes de la Unión (Escocia, Gales e Irlanda del Norte), sino también de una serie de países de la Commonwealth procedentes del antiguo Imperio Británico, como Australia, Canadá o Nueva Zelanda. Y también porque el soberano inglés, como no es menos conocido, está llamado a ser, además, cabeza de la Iglesia de Inglaterra, separada de Roma, una posición cuya titularidad por parte de un católico plantearía, qué duda cabe, más de un quebradero de cabeza.
No obstante todo ello, hay a quien la cuestión le urge. Así, el actual Ministro Principal de Escocia, Alex Salmond, ha urgido al Gobierno británico en estos términos:
“He escrito recientemente al Primer Ministro demandando la abolición de toda discriminación contenida en el Act of Settlement, incluída su flagrante discriminación hacia los católicos, completamente inaceptable en una sociedad moderna”.
Se da la circunstancia de que la cuestión ha tenido más de una consecuencia en la propia Familia Real inglesa. Así, si por un lado tenemos el caso de Lord Nicholas Windsor, el hijo menor de los Duques de Kent, convertido en 2001 al catolicismo, en sentido contrario tenemos el no menos llamativo de la canadiense Autumn Kelly, casada con Peter Phillips, hijo de la Princesa Ana de Inglaterra y undécimo en la línea de sucesión al trono, la cual se convirtió del catolicismo al anglicanismo para no perjudicar los hipotéticos derechos de su marido a un trono que ocupa actualmente, y no da señales de querer abandonar a pesar de los 59 años sentado en él, la Reina Isabel II de Inglaterra.
(1) No deja de llamar la atención la terminología utilizada en el Act of Settlement, “protestante”, “papista”, en lugar de otros términos como “reformado” o “católico”, siendo así que ambos términos, no sólo “papista”, lo que sería más entendible, sino también “protestante”, son términos nacidos en su día con claras intención y connotaciones peyorativas.
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