Cáritas y la Policía confirman que los narcos usan niños
La jefa de los diputados de Evo Morales pide expulsar de Bolivia a la Iglesia católica
Como en la URSS: un obispo denuncia la droga y el Gobierno lo llama calumniador y "enemigo" de los campesinos. Los cocaleros piden expulsar al obispo de Cochabamba y Emiliana Aiza pide que se expulse a toda la Iglesia.
El arzobispo de Cochabamba, Tito Solari, denunció públicamente que en las calles del país había niños y jóvenes vendiendo droga. El gobierno populista de Evo Morales reaccionó de forma airada. El viceministro de Movimientos Sociales, César Navarro, llamó "calumniador" al obispo Solari, y la líder de los diputados del partido oficial, el Movimiento al Socialismo (MAS), Emiliana Aiza, fue mucho más radical y pidió que la Iglesia Católica sea expulsada de Bolivia porque es, afirmó, "enemiga" de los campesinos y comercializa su fe.
Al partido de Morales y a sus organizaciones afines le ha molestado especialmente que el arzobispo denunciase que a los viajeros que van a la zona del Chapare, bastión político del mandatario, les "llegan chicos a ofrecer cocaína". Entre los que protestan están los sindicatos de productores de coca de esa región cochabambina: acusaron a la Iglesia de toda una retahíla de cargos: ser machista, derechista, reaccionaria y antidemocrática. Los cocaleros, un puntal del poder de Morales en la zona, pidieron expulsar al arzobispo (que es origen italiano). El viceministro de Régimen Interior, Felipe Cáceres, sugirió que el arzobispo hablaba movido por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y declaró que era "falso" que en el Chapare "los niños están inmersos en el narcotráfico y la distribución de cocaína".
Cáritas y la policía confirman que el obispo tiene razón
Pero la Iglesia Católica ha cerrado filas en apoyo al arzobispo y también el jefe de Policía de Bolivia, el general Óscar Nina, ha confirmado las palabras de monseñor Solari. Según el máximo cargo policial del país, está "completamente demostrado" que algunas bandas de narcotraficantes utilizan a "adolescentes", porque "no escatiman ningún esfuerzo por lograr su objetivo", según declaraciones que publican medios locales. También el delegado pastoral de Cáritas en Cochabamba, Eugenio Coter, aseguró a Radio Erbol que hay datos de la Defensoría de la Niñez y de la Policía que respaldan la denuncia de que hay menores de edad involucrados en el narcotráfico.
El miércoles la Iglesia apoyó al obispo mediante un comunicado que leyó el obispo auxiliar de La Paz, Óscar Aparicio. "Las palabras de monseñor Solari no hieren a nadie, sino que más bien buscan defender la integridad y dignidad de las personas, especialmente de los jóvenes, expresando pena y dolor por aquellos que se ven inducidos a esa actividad ilícita",
El precedente de la Unión Soviética
En la antigua Unión Soviética también se negó durante décadas que hubiera problemas con las drogas, algo que según la ortodoxia marxista sólo podía pasar en sociedades capitalistas decadentes y burguesas. Quien sugería la necesidad de reconocer y combatir el problema era acusado de enemigo del pueblo, espía de Estados Unidos y calumniador. Solo en 1986, con los primeros avances de la perestroika, el régimen reconoció el problema. El 30 de septiembre de 1986, la corresponsal en Moscú del diario izquierdista El País, Pilar Bonet, publicaba que:
"El problema de la drogadicción en la URSS ha salido a la luz pública después de que se levantara el tabú que ha pesado durante años sobre un fenómeno considerado como un síntoma de la degradación de la sociedad burguesa occidental. Con un retraso de lustros, tal como lamentaba recientemente un periodista soviético, se reconoce ahora que se ha perdido un tiempo precioso en un problema que afecta de forma creciente a los jóvenes".
Al partido de Morales y a sus organizaciones afines le ha molestado especialmente que el arzobispo denunciase que a los viajeros que van a la zona del Chapare, bastión político del mandatario, les "llegan chicos a ofrecer cocaína". Entre los que protestan están los sindicatos de productores de coca de esa región cochabambina: acusaron a la Iglesia de toda una retahíla de cargos: ser machista, derechista, reaccionaria y antidemocrática. Los cocaleros, un puntal del poder de Morales en la zona, pidieron expulsar al arzobispo (que es origen italiano). El viceministro de Régimen Interior, Felipe Cáceres, sugirió que el arzobispo hablaba movido por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y declaró que era "falso" que en el Chapare "los niños están inmersos en el narcotráfico y la distribución de cocaína".
Cáritas y la policía confirman que el obispo tiene razón
Pero la Iglesia Católica ha cerrado filas en apoyo al arzobispo y también el jefe de Policía de Bolivia, el general Óscar Nina, ha confirmado las palabras de monseñor Solari. Según el máximo cargo policial del país, está "completamente demostrado" que algunas bandas de narcotraficantes utilizan a "adolescentes", porque "no escatiman ningún esfuerzo por lograr su objetivo", según declaraciones que publican medios locales. También el delegado pastoral de Cáritas en Cochabamba, Eugenio Coter, aseguró a Radio Erbol que hay datos de la Defensoría de la Niñez y de la Policía que respaldan la denuncia de que hay menores de edad involucrados en el narcotráfico.
El miércoles la Iglesia apoyó al obispo mediante un comunicado que leyó el obispo auxiliar de La Paz, Óscar Aparicio. "Las palabras de monseñor Solari no hieren a nadie, sino que más bien buscan defender la integridad y dignidad de las personas, especialmente de los jóvenes, expresando pena y dolor por aquellos que se ven inducidos a esa actividad ilícita",
El precedente de la Unión Soviética
En la antigua Unión Soviética también se negó durante décadas que hubiera problemas con las drogas, algo que según la ortodoxia marxista sólo podía pasar en sociedades capitalistas decadentes y burguesas. Quien sugería la necesidad de reconocer y combatir el problema era acusado de enemigo del pueblo, espía de Estados Unidos y calumniador. Solo en 1986, con los primeros avances de la perestroika, el régimen reconoció el problema. El 30 de septiembre de 1986, la corresponsal en Moscú del diario izquierdista El País, Pilar Bonet, publicaba que:
"El problema de la drogadicción en la URSS ha salido a la luz pública después de que se levantara el tabú que ha pesado durante años sobre un fenómeno considerado como un síntoma de la degradación de la sociedad burguesa occidental. Con un retraso de lustros, tal como lamentaba recientemente un periodista soviético, se reconoce ahora que se ha perdido un tiempo precioso en un problema que afecta de forma creciente a los jóvenes".
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