El caso de la niña-madre de Jerez evidencia la incoherencia de la doctrina sexual del Gobierno

La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, ha señalado este miércoles la paradoja de que, “para la Junta de Andalucía y el Gobierno de Zapatero, una niña de 10 años no puede dar a luz, pero sí puede practicar sexo y tomar sin control la píldora del día después”.

“En España, está penado mantener relaciones sexuales con menores de doce años, pero una niña puede comprar sin restricciones la llamada píldora abortiva a esa edad y desde la doctrina de la educación sexual promovida por este Gobierno, se incita constantemente a practicar relaciones sexuales precoces”, dijo la doctora Joya.

La niña que acaba de dar a luz un bebé en Jerez de La Frontera “podría haber comprado la PDD sin ningún tipo de supervisión médica, si hubiese querido; en cambio, es un escándalo que tenga un bebé, para la mentalidad socialista sobre el aborto y la educación sexual”, observó la portavoz DAV.

Si la Junta de Andalucía hubiese conocido el embarazo de la menor, “seguramente habría intervenido para quitarle la custodia a los padres e inducirla a abortar. Es lo que se desprende de las declaraciones de la consejera Micaela Navarro, escandalizada por que una niña de diez años dé a luz un bebé pero no por el hecho de que a los nueve años haya mantenido relaciones sexuales”, comentó la portavoz DAV.

“La aberración es que una niña de nueve años pueda tener relaciones sexuales, algo que, sin embargo, la Junta, el Gobierno de Zapatero y el PSOE consideran normal y hasta saludable en su doctrina sobre la educación sexual plasmada en la nueva ley del aborto”, explicó Gádor Joya.

El caso de esta niña “demuestra que es necesaria una regulación más rigurosa de la venta de la PDD, basada en las evidencias científicas de los riesgos que entraña para la salud sexual y reproductiva de la mujer”, apuntó.

Joya ha recordado la resolución del Senado del pasado 22 de octubre, instando al Gobierno a restaurar el régimen de venta de la PDD con prescripción médica. “¿A qué espera la nueva ministra de Sanidad para aplicar este mandato de la Cámara Alta?”, se preguntó la portavoz de Derecho a Vivir.