Practicar abortos no es obligatorio

Ni siquiera en centros dependientes de la Iglesia. A raíz de las noticias que están saliendo estos días a la luz, sobre hospitales catalanes donde participa la Iglesia y que practican abortos, me ha llamado la atención el argumento que esgrimen sus responsables, y que se puede resumir en una frase: “No hacemos nada que vaya contra la ley”.

De momento sabemos que dos hospitales de gestión mixta (pública-privada), el Hospital de la Santa Creu i San Pau, de Barcelona, y el Hospital General de Granollers practican abortos. En el patronato del primero participan a partes iguales el Capítulo catedralicio de Barcelona, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Y en el caso del Hospital de Garnollers, es la parroquia Sant Esteve de Granollers, dependiente del Obispado de Tarrasa, la que participa en su patronato. Además, acabamos de conocer que hay más centros en Cataluña ligados a la Iglesia que dispensan la píldora abortiva RU-486: Además del propio Hospital de Sant Pau de Barcelona, también los hospitales de Sant Joan de Déu, de Esplugues de Llobregat, que pertenece a la orden religiosa de San Juan de Dios, y el Hospital de Sant Celoni, en cuyo patronato está como vicepresidente el sacerdote Ignasi Fuster Camp, de la parroquia de Sant Martí, dispensan actualmente el polémico fármaco. Se trata en todos los casos de hospitales concertados con la red de hospitales públicos catalanes. Estos hechos plantean una pregunta fundamental: ¿El hecho de que un hospital esté concertado con la red de la sanidad pública le obliga a realizar abortos? O dicho de otra manera: ¿La existencia de un concierto económico y asistencial anula el ideario y los valores de los dueños del hospital? ¿Existe libertad de conciencia para impedir que se realicen actividades contrarias al ideario propio, aunque dichas actividades estén amparadas por una ley? Hasta la aprobación de esta última ley del aborto, que sí parece declarar el aborto como un derecho, el aborto en España era un delito, que no estaba penalizado en tres supuestos concretos. Por tanto, al no existir ningún derecho al aborto no existe tampoco ninguna obligación de facilitarlo en centros públicos. Está por ver aún que sea constitucional considerar el aborto como un derecho, conforme a la ley 2/2010.Lo que me parece evidente es que no hemos llegado al punto de tener que obedecer a una ley injusta que se nos impone sin otra alternativa. Creo que aún tenemos argumentos suficientes para hacer valer nuestro ideario y valores para negarnos a cumplir una ley injusta.

No pretendo echar leña al fuego contra la Iglesia en Cataluña. Bastante desolación existe ya como para que colaboremos más al desastre. Lo que sí quiero resaltar es la miopía de algunas personas, que es, en mi opinión, reflejo de la mentalidad dominante. Me explico: El Obispo de Tarrasa, José Angel Saiz Meneses, no supo qué hacer, al conocer los hechos en marzo de este año, y elevó una consulta a sus superiores (¿a quién, a la Conferencia Episcopal, al nuncio, al Papa…?). Consulta que aún no ha sido atendida. Por tanto, él sigue a la espera de tomar una decisión. Del Obispado de Barcelona no se tienen noticias, aunque sí ha publicado una nota el hospital de San Pau. El contenido de la misma es para llorar. Su justificación es que «en este centro sólo se practican IVE (= aborto) en los supuestos que establece la ley». También el Hospital de Granollers ha emitido una nota en la misma línea, indicando que «el hospital sólo ha realizado intervenciones quirúrgicas en aquellos supuestos en los que clínicamente —y sólo hasta las 20 semanas de gestación— se identificaba una malformación grave contrastada del feto». Vamos, que sólo se ha matado a los niños que tenían algún defecto grave. No a los que estaban sanos, pero sus madres no querían tenerlos. Por si quedaban dudas, y evitar malas interpretaciones, los responsables del hospital han indicado que «en ningún caso se han practicado IVE por alteración psicológica de la madre inducida por el embarazo». Y con esto pretenden dejarnos tranquilos.

Yo me quedo aún más preocupado por dos razones:

1.- Las notas de los hospitales confirman que se han realizado abortos en ellos. La noticia es cierta. Y también lo es que nadie ha sido capaz de alegar objeción de conciencia para impedir que en centros sanitarios paradigmáticos, por la presencia de la Iglesia en sus patronatos, se realicen abortos como si fueran un servicio público más, justificándolo porque “se cumple la ley”. Si bien no es preciso ser católico para entender que el aborto es un asesinato, también es verdad que en el caso de que se sea católico no debe quedar ninguna duda. El ejemplo de los mártires de los principios del cristianismo, que por defender su fe dieron incluso su vida antes que actuar según las leyes de la época, parece no servir de nada a estos cristianos actuales, participantes en patronatos de hospitales donde se realizan abortos “conforme a la ley”. La solución ya se la dio Jesucristo, con su respuesta ante los que querían tentarle con similares argumentos: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.

2.- No sé si más grave aún que el hecho de la confirmación oficial de que se han realizado abortos en esos hospitales lo es la aclaración de que tales abortos se han realizado “dentro de la ley”. Con estricta observancia de la misma, y no aceptando casos que se quisieran colar por la puerta falsa del supuesto de “peligro para la salud psíquica de la madre”. ¿Acaso podría haber sido de otro modo? Indicar que se ha actuado de esta forma es reconocer que en otras ocasiones no se hace así. De manera que lo que tantos hemos denunciado, del coladero del tercer supuesto, se confirma indirectamente con esta excusatio non petita.
Los dos canónigos de Barcelona, representantes del Cabildo en el patronato del Hospital San Pau, seguro que han protestado contra la práctica del aborto en el hospital, como ha dicho en su nota el Obispado. Pero no se ha hecho público. Lo que significa que no ha sido una protesta suficiente. Y aunque así hubiera sido, el asunto es tan crítico, que no se puede aceptar participar en el patronato de una institución donde se viola tan gravemente el principal de los derechos humanos. Me parece muy evidente que en este caso habría que haber peleado más duramente, llegando a provocar una crisis institucional, si fuera preciso, dimitiendo del mismo mientras tal asunto no sea corregido. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga, y es posible que gracias a las denuncias que han salido a la luz alguien por fin se decida a tomar decisiones y se ponga fin a esta situación escandalosa.

El problema, como siempre, está en que los centros concertados tienen ciertas obligaciones respecto a la administración con quien firman el concierto. Ya hemos tenido experiencias en el asunto de la Educación, donde demasiados colegios católicos han diluido su ideario para conservar el concierto educativo, tragando carros y carretas. El panorama tras la batalla es desolador, y las familias que pueden huyen de los colegios de la FERE, en busca de otros centros donde no tengan que estar peleando siempre con un ideario que choca con sus valores cristianos. A costa de los sacrificios económicos que sean. Los religiosos de la FERE piensan que es preferible tener que transigir con “Educación para la Ciudadanía” a cambio de seguir disponiendo de dinero público que permita que el colegio no se vea forzado a subir los precios para autofinanciarse, excluyendo con ello a parte de los alumnos.

En el campo de la sanidad parece que estamos viviendo el mismo fenómeno. Pero me parece oportuno recordar que en cuestiones de valores, nuestra Constitución garantiza la libertad ideológica como uno de los derechos fundamentales de los españoles, cuando dice en su artículo 16: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley”. Tanto en educación como en sanidad, es preciso recordar que el Estado no hace ningún favor a las entidades de inspiración católica. Permitir su actividad, conforme a sus valores, es un derecho fundamental que se debe respetar. Y no solo eso: Hay una labor impagable que realiza la Iglesia a través de todos sus colegios y hospitales, que el Estado no podría asumir si tuviera que realizarla directamente. Por eso me parece que ha llegado la hora de salir de las catacumbas y reclamar lo que es nuestro, y a lo que tenemos derecho. El dinero con el que se concierta a estos hospitales es también de todos los ciudadanos. Y el gobierno catalán, en este caso, tiene la obligación de mantener sus conciertos, respetando la libertad de conciencia de sus patronos.