De un pobre niño de nueve años que pesa ochenta kilos

            Y al que la Junta de Galicia quiere separar de sus padres, con quien dice la noticia que sus lazos afectivos son muy sólidos, retirándoles la tutela. El argumento que se baraja esta vez, es que el Estado tiene el deber de velar por la salud del menor, argumento contra el que se plantea de entrada, y para empezar a hablar, la cuestión de si separar al niño de sus padres es la mejor manera de velar por su salud. Pero que plantea también otras tales como cual es el grado a partir del cual los comportamientos paternos atentan contra la salud de sus hijos y el Estado tiene la facultad de intervenir. ¿Bastaría con no vacunar a un niño contra la varicela? ¿Bastaría con profesar una religión que al modo que lo hace la de los testigos de Jehová expresa su reticencia hacia determinadas técnicas médicas como, por ejemplo, la transfusión de sangre? Y ello sin entrar en la coherencia o incoherencia de comportamiento tal con la de la absoluta inacción con la que ese mismo Estado de tan maternales instintos protege al feto cuando exista "riesgo de graves anomalías" (vamos, el caso del pobre niño gallego) [1] por la sencilla razón de no haber alcanzado las veintidós semanas de gestación.

 

            A mí sin embargo, la cuestión de la salud del niño se me antoja baladí al lado de la que verdaderamente se dirime en este caso: ¿pero acaso tiene el Estado derecho a injerir de este modo o de cualquier otro en la vida de las familias? ¿Hasta donde va a extender el Estado sus insaciables tentáculos que parecen absorberlo todo y que ante nada se detienen? ¿Va a resultar al final que lo que Dios creó fue el Estado y no al hombre?

            Traten Vds. de trascender las frías líneas negras de la tinta que patina sobre el papel de un periódico, que es a lo que parece reducirse el pintoresco caso de un niño que pesa más de la cuenta en algún rincon del globo cercano al finisterre, e intenten imaginarse lo que podría llegar a ser un día real de sus vidas, aquél en el que les hubiera sido anunciada la visita de un inspector estatal capacitado para entrar en sus casas, provisto de tal o cual título médico o ya puestos ni siquiera, para explorarla y determinar si las condiciones en las que viven los hijos procreados por Vds. son salubres o insalubres, y que después de emitir su informe sobre la salubridad de sus hogares, tiene en su mano la potestad de despojarles de la patria potestad sobre esos mismos niños. ¿Podemos llegar a permitirlo? ¿Es esa la sociedad que queremos?

[1] Art. 15, b de la Ley Aído.