De las lenguas y de quienes las hablan

       A mí lo que pase con la lengua castellana en Cataluña puedo decir, con sinceridad, que me preocupa poco.

            Para empezar, soy de los que cree que si cada catalán, de manera libre e informada, decidiera dejar de hablar español está en su perfecto derecho.

            Pero para seguir, soy también de los que creen que cualquier medida que puedan tomar los sucesivos gobiernos catalanes para perjudicar a la noble lengua nacida en Castilla que es la común de todos los españoles, es incapaz de afectar en modo alguno a la pujanza de un idioma que hablan en el mundo más de cuatrocientos millones de seres y que es estudiado, probablemente, por algún millar de millones.

            Que los catalanes, y como los catalanes, los vascos, los gallegos, los riojanos o los melillenses, alguno, bastantes o muchos, dejen de hablar el español no ha de ser considerado en modo alguno un problema para la lengua española, es un problema para quien tome decisión tal. Y en una sociedad libre como la nuestra, dicha decisión podrá ser calificada de desacertada, de estúpida incluso, pero no, en modo alguno, de perseguible.

       Cosa bien diferente es la opinión que me merece otro tema que, aunque muy distinto en realidad, aparece inexorablemente asociado al anterior: trátase del hecho de que un solo español, repito, un solo español, ya sea en Cataluña, ya en Galicia, ya en el País Vasco, ora vecino, ora foráneo, vea conculcado su derecho de comunicarse, trabajar, escribir, rotular o educarse dentro de cualquier parte del territorio español en la lengua que es la común de todos los españoles, esto es, el español.

            Todo atentado contra dicho derecho inalienable e incuestionable, -y en Cataluña, lamentablemente, van unos cuantos-, ha de ser considerado como un experimento de ingeniería social propio más bien de un gobierno totalitario que de uno democrático, y ha de ser combatido por las instituciones nacionales habilitadas para ello, notablemente el Gobierno de la nación. Y si éste no lo hace, como por desgracia viene siendo el caso, considérese cómplice del infame atentado contra las libertades democráticas.